En las sociedades democráticas, los procesos electorales son el pilar que sustenta la legitimidad y la estabilidad de un Gobierno.
La realización de elecciones libres de violencia es un requisito indispensable para garantizar la participación equitativa de todos los ciudadanos y preservar la confianza en las instituciones democráticas.

La violencia electoral puede manifestarse de diversas maneras, desde intimidación física y verbal hasta actos de sabotaje, coacción y agresiones. Estas acciones no solo atentan contra la seguridad y los derechos de los ciudadanos, sino que también distorsionan el proceso democrático al coartar la libertad de expresión y el derecho al voto.

Cuando la violencia se convierte en un componente de las elecciones, se socava la legitimidad de los resultados y se debilita la confianza de la ciudadanía. Los ciudadanos deben poder ejercer su derecho al voto de manera libre y segura, sin temor a represalias o discriminación. La violencia electoral no solo perjudica a los individuos directamente afectados, sino que también tiene un impacto negativo en la cohesión social y en la estabilidad de todo el país.

Para garantizar procesos electorales libres de violencia, es fundamental que los gobiernos, las instituciones electorales y la sociedad en su conjunto se comprometan a promover un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de los ciudadanos, investigar y sancionar cualquier acto de violencia electoral, y promover una cultura de paz y convivencia democrática.