Hoy en día me preocupan las omisiones que han tenido las autoridades en la esfera gubernamental en cuanto a la igualdad y falta de accesibilidad a servicios básicos

En cuanto a las obligaciones que recaen en todo servidor público, quisiera relatarles lo siguiente.

Por mandato constitucional, nuestra concepción normativa es amplia y diversa. Considero que esto es un beneficio en vista de que en cualquier momento, quien sea puede estar en un estado de indefensión; las herramientas para hacer valer nuestro derecho se multiplican y abrazan a la dignidad de la persona.

Hoy en día me preocupan las omisiones que han tenido las autoridades en la esfera gubernamental en cuanto a la igualdad y falta de accesibilidad a servicios básicos. De aquí se desprende la pobreza, el ‘bullying’, la xenofobia, la intolerancia y, por supuesto, el descuido a grupos de interés prioritario.

Siendo un poco más futuristas y sin tomar en cuenta el artículo 1º de nuestra carta magna, todo aquel que labore en al ámbito de la administración pública tiene que observar las consideraciones de jurisdicciones internacionales, convenciones, tratados y comités de orden mundial suscritos por México para tutelar la aplicación de los derechos fundamentales.

Inclusive los acuerdos que no están ratificados por el Senado mexicano abonan a la cultura jurídica y a la detección de figuras que pueden ser atractivas para la solución de los problemas actuales.

En este caso, quiero recordarle al Poder Legislativo que las iniciativas tienen que ser aprobadas tomando en consideración la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; que entró en vigor a partir del año 2007.

Es decir, toda reglamentación implementada por las legisladoras y los legisladores debe estar fundamentada en los exhortos que ha hecho el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Recordarles a los juzgadores, que deben proporcionar los medios adecuados para que se cumpla con la encomienda del acceso a la justicia, y al Poder Ejecutivo, que estructure políticas públicas en congruencia con el esfuerzo transversal que busca un piso parejo para todos.