Las muertes de Fátima, Ingrid Escamilla y Abril Pérez Sagaón en cuatro meses dejaron un claro y doloroso mensaje

Mónica Meltis

Las muertes de Fátima, Ingrid Escamilla y Abril Pérez Sagaón en cuatro meses (y muchas otras que no han sido viralizadas) dejaron un claro y doloroso mensaje: la violencia feminicida es una tragedia cotidiana en México.

Hay una violencia estructural y sistémica que no se ha discutido con seriedad ni atendido con la urgencia necesaria. La violencia a las mujeres no está solo en el asesinato, sino en las fiscalías que no responden a tiempo o en absoluto a las denuncias de desaparición, en los policías que no intervienen a los llamados de ayuda, en la comunidad que no se involucra en problemas de pareja porque “los trapos sucios se lavan en casa” y, en buena medida, en la carencia de datos unificados y minuciosamente catalogados a nivel nacional.

Sin datos precisos y completos, ¿cómo vamos a poner un alto a tantas muertes? ¿Cómo podemos diseñar políticas públicas a ciegas? Es imposible diseñar una estrategia exitosa que combata la violencia contra las mujeres sin información concreta.

En Data Cívica, la organización que dirijo y que se dedica a analizar la violencia desde las estadísticas, llevamos más de cuatro años pensando constantemente en los homicidios de mujeres.

Queremos entenderlos desde los datos y dar con patrones que permitan prevenirlos. Los decálogos –como el que hizo el presidente de México–, aumentar de 60 a 65 años de cárcel a los feminicidas, como se discute en el Senado, no van a resolver esta crisis.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido de manera inadecuada a la indignación social por la violencia contra las mujeres: ha pedido a las feministas no pintar las paredes en protesta, ha dicho que las cifras se han manipulado, pidió en una de sus conferencias matutinas no hablar más de los feminicidios y hasta ha transferido la responsabilidad al “proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal”.

Es cierto que la violencia en el país lleva unos años desbordada y no es responsabilidad entera de su Gobierno, que lleva un año en el poder. Sin embargo, sí fue responsabilidad de su gestión que en 2019 se redujera un 20 por ciento el dinero destinado para atender temas de salud materna, sexual y reproductiva a nivel nacional.