Si el propósito fuera en verdad la justicia, que no haya impunidad, no hace falta una consulta. Nadie en su sano juicio o que no sea cómplice pediría perdón para un delincuente
Arturo Cerda Díaz/Columnista
Los ministros son libres de votar en conciencia, les dijo el Presidente de la República a los ministros, pero no paró de hacer presión sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se atrevió a advertir que si la respuesta no era en su favor, enviaría de inmediato una iniciativa de reforma constitucional. Es decir, leyes a modo. Como paréntesis, hubiera sido interesante ver si esa discusión, que requiere la mayoría calificada del congreso, habría prosperado.
Resultaba claro el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales respecto de todos los aspectos que hacían jurídicamente inviable y hasta innecesaria la solicitud de López Obrador.
El propio Andrés Manuel había hablado de que la Fiscalía General de la República hace ya investigaciones entorno de los presuntos delitos que pudieron cometer los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Entonces, ¿cuál es el sentido de la consulta? La explicación puede estar en el Artículo 35 de la Constitución que regula los derechos del ciudadano, entre ellos el ejercicio de la consulta popular.
Resulta que esa norma marca que la consulta “se realizará el mismo día de la jornada electoral federal”. Eso significa que Andrés Manuel López Obrador estará presente en las casillas el día de las votaciones del año que viene.
Por fin logró una forma de influir en los comicios. Seguramente no parará de tocar el tema en el adoctrinamiento diario en que ha convertido a la conferencia matutina.
Si el propósito fuera en verdad la justicia, que no haya impunidad, no hace falta una consulta. Nadie en su sano juicio o que no sea cómplice pediría perdón para un delincuente, menos uno que atente contra la nación.
Con todo respeto, es un abuso de un ejercicio ciudadano que debe ser empleado con toda responsabilidad y legitimidad. No puede ni debe ser instrumento político. Siempre es un reclamo que los gobernantes no interfieran en las elecciones. Hoy en México esa irrupción la volvieron constitucional.
