La Auditoría Municipal de Fiscalización se encuentra en la última etapa de la valoración de pruebas.
Gonzalo Flores
La investigación por parte de la Auditoría Municipal de Fiscalización para determinar una presunta responsabilidad de 5 servidores públicos que fueron señalados como ‘aviadores’ antes de concluir la administración 2015-2018, se encuentra en su última etapa para después turnarlos al Tribunal de Responsabilidades Administrativas, informó el auditor Óscar Rangel González.
«Ese asunto se encuentra en la etapa final, todavía es información reservada, pero ya estamos por culminar, la investigación ya la culminamos, sólo que estamos en la etapa donde puede haber inconformidades por el resultado por lo que todavía no se podría revelar esa información», explicó.
Rangel González recordó que se calcularon dos meses después de que a principios de septiembre, el alcalde interino en turno, Enrique Correa Sada, ordenó la revisión del estatus laboral y si realizaban sus funciones de acuerdo a la normativa municipal 5 personas adscritas a la desaparecida Secretaría de Gestión Delegacional.
«Al final de este mes tendremos el resultado, nosotros realizamos la investigación, si hay elementos suficientes a consideración de nosotros, se elabora un informe de presunta responsabilidad y ese informe se envía al Tribunal de Responsabilidades Administrativas quien ya inicia el procedimiento, dando la garantía de audiencia a las partes acusadas», detalló.
La Auditoría Municipal de Fiscalización, explicó, no notifica a la persona señalada, sino que inicia independientemente la investigación con la persona que acusa y las dependencias señaladas para corroborar que los señalados han cobrado sin trabajar.
«En estos casos se le pregunta, por ejemplo, al que era jefe de la persona el cargo que tenía, como se tiene en la plantilla, cuales eran las actividades que desempeñada, como le hace para saber si asiste o no asiste; esos mismos cuestionamientos se le hacen a Recursos Humanos que es el área que implementa las medidas y administra el personal, y lo que nos digan ellos es lo que se toma en cuenta», añadió.
El auditor municipal señaló que en caso de que se turne el informe de presunta responsabilidad, es el magistrado del Tribunal Municipal quien emite la notificación al servidor público acusado, para que ahora sí pueda asistir a una audiencia dentro de los 20 días siguientes que se reciba el documento, donde podría presentar pruebas de que ejerció su labor de forma adecuada.
«Esas conductas no están reguladas con esa denominación (aviadores) en la ley, pero que finalmente la conducta consiste en recibir un salario sin cumplir con las funciones», indicó.
ANTECEDENTE
El 5 de septiembre, Enrique Correa confirmó que Edgar Adrián Fernández, que presentó su renuncia días antes al cargo que desempeñaba en la dependencia municipal, se trataba del hijo de quien fuera coordinadora de Comunicación Social del municipio capitalino, Estela Valenzuela.
También que entre los trabajadores separados del cargo se encontraba el esposo de la misma Estela Valenzuela, Edgar Saúl Fernández, quien nominalmente era el encargado del proceso de entrega recepción de la administración 2015-2018.
Los otros funcionarios señalados como personas que cobraban un sueldo sin realmente trabajar para el municipio, son Juvencio Jaramillo Olvera, adscrito a la delegación Villa Cayetano Rubio; Carlos Raúl Lomelí Noriega, a la Secretaría de Gestión Delegacional; y Hugo Espino González, en la Delegación Villa Cayetano Rubio.