Aún no es posible identificar cumplimiento de objetivos en reconstrucción: Fundar y Transparencia

En las bases de datos de SEDATU y BANSEFI se presentaron datos incompletos, por lo que no se han podido contabilizar las viviendas que se han construido, ni a quienes se les brindaron los apoyos

Redacción

Después de los sismos en septiembre de 2017, los cuales afectaron a ocho entidades del país, autoridades federares realizaron una estimación sobre el costo total que tendrían de las reconstrucciones, el cual fue de 38 mil millones de pesos.

Los recursos públicos autorizados para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) son diez veces más que los recursos obtenidos de donativos privados reportados por donatarias y fideicomisos autorizados, los cuales recaudaron al rededor de tres mil 900 millones de pesos, así lo dio a conocer un informe de Transparencia Mexicana. 

De acuerdo con la información pública de recursos federales, tres sectores concentran el 71 por ciento de los recursos, es decir 27 mil 59 millones 763 mil 605 pesos. Los sectores son educativo, con 10 mil 893 millones 661 mil 626 pesos; de vivienda, con 10 mil 49 millones 939 mil 28 pesos; así como el sector de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, con seis mil 116 millones 162 mil 951 pesos.

Sin embargo, señala el informe, aún no es posible conocer o evaluar las acciones de reconstrucción para saber si se han cumplido los objetivos para la atención de las necesidades de la población afectada, pues las bases de datos de dichos sectores no permiten identificar, por ejemplo, en dónde se canalizaron los apoyos.

Además, en las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y en la de BANSEFI se presentaron datos incompletos, por lo que no se han podido contabilizar las viviendas que se han construido, a quienes se les brindaron los apoyos ni cómo se puede comprobar que los recursos entregados fueron destinados a los afectados.

Además de estos recursos, autorizados para el FONDEN, otros organismos públicos realizaron aportaciones para la reconstrucción y apoyo a los afectados por los sismos. De estas aportaciones, dos mil 412 millones 648 mil 995 pesos fueron también destinados al FONDEN, mientras que 279 millones 383 mil 366 pesos se destinaron al Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC).

Sin embargo, no se tiene información pública sobre el manejo de recursos por parte de FONREC. Además, de acuerdo a una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los estados llegan a pagar hasta 1.3 veces el valor de los créditos que son pagados con recursos del Fondo General de Participaciones de cada estado. Esto hace que las autoridades usen recursos que deberían atender las necesidades de los ciudadanos, para pagar intereses.

Por otro lado, sobre los recursos privados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a donatarias y fideicomisos autorizados tres Informes de transparencia relacionados con donativos recibidos por los sismos de septiembre del 2017.

Debido a lo anterior, al 31 de mayo del 2018 se recibió un total de tres mil 904 millones 576 mil 949 pesos provenientes de 693 donatarias y fideicomisos autorizados. De ellos, 424 millones 100 mil 805 pesos fueron en especie. Asimismo, el 85 por ciento del total provino de donativos nacionales, es decir tres mil 317 millones 745 mil 4899 pesos; y el resto, 586 millones 831 mil 459 pesos, fueron donaciones internacionales.

De estos fondos se han distribuido mil 994 millones 143 mil 959 pesos, en donde la mayor proporción ha ido para Oaxaca (19.8 por ciento del total) y a la Ciudad de México (13.3 por ciento); no se sabe a qué entidad federativa se destinaron 41.6 por ciento de los recursos privados dado que se canalizó a otras donatarias y no se ha reportado su destino final.

La falta de lineamientos que estandaricen la transparencia y la rendición de cuentas del sector privado traen consigo retos significativos para valorar sus resultados e impactos, señala el informe.

La información es dispersa, insuficiente y no cuenta con la calidad requerida para poder potenciar la coordinación entre actores de gobierno, sociedad civil y sector privado para tener claridad sobre el estatus de los recursos destinados a la reconstrucción.

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