¿Por qué destituyeron a Dina Boluarte como presidenta de Perú?

Dina Boluarte, quien asumió como presidenta de Perú luego de la dimisión de Pedro Castillo en 2022, fue destituida en un proceso por parte del Congreso, al aceptar a trámite por mayoría que abandonara el cargo.

Y es que se aprobaron las cuatro mociones para sacar a la mandataria del poder con 122 votos a favor, de un total de 130. Un número muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuera exitosa, en una sesión donde la ahora expresidenta no se presentó ante el hemiciclo para ejercer defensa. 

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Aunque todo parecía indicar que la mujer de 63 años seguiría en el puesto hasta las elecciones del 2026, debido a la afinidad que consiguió con los partidos al mando del Congreso, el idilio se resquebrajó abruptamente a medida que se aproximaban los comicios y las fuerzas que la respaldaban prefirieron no mantener vínculos.

¿Por qué Dina Boluarte fue destituida como presidenta de Perú?

Estas son las razones por las que Dina Boluarte dejó de liderar al país sudamericano:

• Presidenta sin margen propio

Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú en diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso en un fallido autogolpe para evitar su destitución. El colapso  ocurrió tras la revelación de múltiples indicios de presunta corrupción en su administración.

Aunque formó parte del mismo proyecto de izquierda que llevó al exmandatario al poder, la abogada optó por acercarse a los sectores conservadores que controlan el parlamento y que habían sido los más duros críticos del expresidente.

Pese a las demandas de las multitudinarias protestas que exigían elecciones anticipadas, tras la captura de Castillo y la muerte de más de 50 personas durante la represión, Boluarte comunicó su decisión de permanecer en el cargo hasta el 28 de julio de 2026. Con el respaldo de los bloques de derecha, logró superar seis mociones de destitución presentadas en su contra.

• Popularidad en mínimos históricos

A medida que se acercan los comicios de 2026, la severa impopularidad de Boluarte se ha convertido en un lastre para las agrupaciones que la apoyaron desde el Congreso. Los partidos aliados comenzaron a tomar distancia de su gestión, alternando entre la crítica y el respaldo según sus propios cálculos políticos.

Actualmente, la aprobación de la mandataria apenas ronda el 3 por ciento de la población, mientras que el Congreso alcanza poco más del 5 por ciento. Ambas instituciones son vistas como símbolos de una clase política desconectada de la ciudadanía y más preocupada por mantener sus privilegios que por atender las demandas sociales.

Las más de 50 víctimas mortales registradas durante las protestas por la caída de Pedro Castillo terminaron de hundir la imagen de la ahora expresidenta, una figura que, antes de 2021, solo había participado en política como candidata a la alcaldía de su municipio.

• Investigaciones y cuestionamientos en aumento

La mandataria enfrenta además varias investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía. Una de las más mediáticas es el llamado “Rolexgate”, donde se le acusa de haber recibido relojes de lujo y regalos costosos a cambio de presuntos favores. También se le señala por no haber informado oficialmente su incapacidad temporal mientras se sometía a intervenciones estéticas y por haber falsificado su firma durante el periodo de recuperación.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, ha contado con la protección del Congreso, dominado por las fuerzas políticas que la respaldan. Incluso, el Tribunal Constitucional emitió una resolución controvertida que limita la capacidad de la Fiscalía para investigar a la jefa de Estado.

• Desgaste político y crisis de seguridad

Aunque todo indicaba que el pacto entre Dina Boluarte y sectores como el fujimorismo se mantendría hasta las elecciones de 2026, el creciente desgaste de su figura llevó a los partidos aliados a tomar distancia. La medida buscó recomponer su imagen ante un Congreso cuya aprobación no supera el 5 por ciento.

El punto de quiebre llegó con el repunte de la delincuencia a nivel nacional y las recientes manifestaciones en Lima, encabezadas por jóvenes.

A esto se sumó un paro masivo de transporte urbano que paralizó la capital, provocado por una ola de asesinatos y extorsiones contra conductores. Hechos que detonaron el inicio del proceso de destitución contra la entonces presidenta peruana.

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