La estrategia, que busca proteger a los mexiquenses, ha sido impulsada a través de la coordinación entre diversas instituciones, como la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEAMEX).