La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mantiene en 2025 un nivel alto de aprobación ciudadana, consolidándose entre las mandatarias estatales mejor evaluadas del país.
De acuerdo con la firma Demoscopia Digital, la maestra cerró el año con 65.9% de respaldo, ubicándose en el top 10 nacional.
El dato no es aislado. Mediciones de otras casas encuestadoras como Enkoll y Factométrica muestran una tendencia consistente de evaluación positiva hacia la gestión estatal, reflejando confianza en el rumbo adoptado por su administración.
Uno de los factores clave en la percepción pública es la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el Gobierno federal y los municipios.
Los estudios revelan que una parte significativa de la población considera que el Estado de México avanza en la dirección correcta, especialmente en el combate a la violencia y la atención a sus causas estructurales.
La coordinación interinstitucional y la presencia territorial han sido elementos señalados por analistas como determinantes en la mejora de la percepción social.
El componente social también influye en los niveles de aceptación. Según Enkoll, los programas impulsados por la administración estatal registran hasta 85% de aprobación. Entre ellos destacan:
Servir para el Bienestar, enfocado en personas con discapacidad.
Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres en situación de pobreza.
Mujeres con Bienestar, orientado a fortalecer la autonomía económica femenina.
Estas políticas públicas han sido valoradas positivamente por su enfoque directo a sectores vulnerables y por su cobertura territorial.
El conjunto de encuestas coincide en un punto: existe una percepción favorable sobre el desempeño de la Gobernadora.
La aprobación del 65.9% no solo representa un indicador político, sino también una señal de estabilidad en un estado clave por su peso demográfico y económico.
En un contexto nacional de alta exigencia ciudadana, los niveles de respaldo reflejan una administración que mantiene capital político y capacidad de operación, con seguridad y política social como principales pilares de evaluación pública.