Las instancias ante las que se solicitó la acción de inconstitucionalidad determinaron que la ley no atentaba contra el derecho humano al agua.
Sin embargo la resolución no fue bien recibida por los ciudadanos, quienes señalaron que se buscarán alternativas para frenar la mercantilización del agua.
La activista Alicia Colchado informó que aún están a tiempo de solicitar juicios de amparo.
“No podemos perder de vista que la Ley de amparo nos permite un plazo de 30 días después de su implementación y entra el 1 de julio y es un recurso jurídico que podemos explorar”, dijo Colchado.
Por su parte Joaquín de la Lama Torres, exdelegado de gobernación en el estado e integrante del Frente Estatal de Lucha (FEL), aseguró que aunque el plazo para implementar acciones legales es escaso aún se pueden emprender acciones en contra de la publicada Ley de Aguas.
“Evidentemente el campo formal de la legalidad está prácticamente agotado, pero la lucha social todavía tiene una vertiente. Yo creo que ese es el sentido que necesitamos los distintos colectivos, saber cuál es la dimensión que tiene la privatización del agua”.
En ese sentido reconocieron la apertura del gobierno del estado a reformar la ley, sin embargo reiteraron que las demandas de la ciudadanía son muy claras y calificaron de “un dicho demagógico”.
Los activistas comentaron que el estado de Querétaro tiene un comportamiento hídrico muy similar al que vive el estado de Nuevo León, donde la carencia del vital liquido ha estado presente a lo largo de la historia.
“Querétaro siempre ha resentido la falta de agua, el acueducto revela la carencia del vital líquido en la capital. Hace menos de una década se habló delAcueducto II para dar certeza por 50 años pero el sector inmobiliario devoró este recurso y hoy se está hablando del Acueducto III” complementó Alicia Colchado.