Aprueban ley contra plagio de cultura indígena

La Ley Federal de Derechos de Autor pretende proteger los derechos de los pueblos originarios sobre su obra cultural colectiva

Redacción

Se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, diseñada para proteger los derechos de los pueblos originarios sobre su obra cultural colectiva; con ello se pretende contrarrestar el plagio de artesanías y prendas típicas, comúnmente apropiadas por marcas internacionales.

Agradezco a la @Mx_Diputados la aprobación del dictamen sobre las modificaciones de la ley de INDAUTOR para sacar de la condición del dominio público las diversas expresiones de las culturas indígenas y afromexicanas. pic.twitter.com/w6azBU4m9G

— Susana Harp Iturribarría (@SusanaHarp) November 28, 2019

La iniciativa,  presentada por la presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, Susana Harp Iturribarría, tiene como objetivo reconocer la titularidad colectiva de los pueblos y comunidades sobre los elementos de su cultura e identidad.

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En la @Mx_Diputados aprobamos con 411 votos a favor la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que protege las obras artísticas de arte popular o artesanal.
¡Decimos NO a la apropiación del trabajo de nuestras culturas tradicionales ! https://t.co/0XfNeo1Rvg

— Mario Delgado (@mario_delgado) November 28, 2019

Además, también busca promover el respeto de los elementos de la cultura e identidad, así como establecer disposiciones para que pueblos y comunidades definan los elementos de su cultura e identidad accesibles a terceros y, según corresponda, garantizar la justa retribución por el uso y aprovechamiento de parte de las personas ajenas a la comunidad.

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Para lograr o anterior se tendrán dos acciones: construir el Sistema Nacional de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad y, por otro lado, sancionar la falta de consentimiento y las prácticas desleales de comercio por parte de terceros que plagian el talento de los pueblos originarios.

Hasta ahora, marcas y empresas afectadas carecen de instrumentos legales para reclamar derechos, sobre lo que se denomina del «dominio público».