Defensa de Israel Vallarta rechaza estrategia de gobierno federal, señala Segob

Ray Méndez

Israel Vallarta, una de las personas detenidas e involucrada en el caso de la francesa Florence Cassez, puede ser absuelto en una de sus causas penales, sin embargo, su defensa legal ha rechazado las propuestas realizadas por el gobierno federal, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante la conferencia de prensa matutina, la titular de Segob expuso que la defensa de Israel Vallarta, quien está preso desde el 2005, rechazó la estrategia para promover el desvanecimiento de las pruebas en una de las dos causas penales que se siguen en su contra.

La titular de Gobernación señaló que esta estrategia solo le beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el precedente Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto. No así en la otra causa, que quedaría pendiente.

En la conferencia matutina anuncié que presentaremos al presidente @lopezobrador_ un decreto sobre las personas privadas de su libertad que no hayan cometido delitos graves. Son alrededor del 43 por ciento que siguen en prisión preventiva. 1/3 pic.twitter.com/8YumRbLkrN

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) July 29, 2021

«Los delitos se le ha actuado es secuestro; delincuencia organizada; portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo», detalló la secretaria Sánchez Cordero quien agregó que la solicitud inicial de su defensa es que se revise su caso en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emite la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal.

La secretaria de Gobernación informó que desde el pasado 19 de julio, la defensa del caso en contra de Israel presentó nuevas pruebas documentales, por lo que el proceso podría alargarse hasta que se desahoguen los nuevos elementos.

Sobre el tema, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hizo hincapié en que Israel Vallarta lleva 16 años preso sin sentencia cuando el plazo máximo constitucional es de dos años.

Recordó que existe una recomendación emitida en abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se establecen violaciones al debido proceso y la comisión de tortura durante su detención.