Jueces piden reflexión en reforma judicial

Vicente de Jesús Peña Covarrubias, juez del Poder Judicial de la Federación, y Pablo Javier Rocha García, secretario en el mismo ente, señalaron que, ante la iniciativa que propone reformar a este poder del estado, es momento de que los legisladores actúen con “madurez” y con una visión de responsabilidad al momento de debatir esta ley. 

Esta iniciativa comenzó su debate ayer en una sede alterna del Congreso de la Unión, por lo cual el juez y el secretario hicieron un llamado a la sociedad civil y a los políticos a actuar de manera que no se afecte la autonomía de los tres poderes, específicamente el del
Poder Judicial.

Peña Covarrubias explicó que la reforma al Poder Judicial ha sido impulsada por el Gobierno actual y el entrante, quienes argumentan que es necesaria para reconfigurar un sistema que han considerado deficiente y que ha servido como un contrapeso a decisiones controvertidas, como las relacionadas con proyectos de infraestructura significativos, como el Tren Maya. Sin embargo, esta reforma también ha generado inquietudes respecto a la posible politización del sistema judicial y la erosión de su autonomía.

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Los entrevistados hicieron hincapié en que este es un momento propicio para que los legisladores demuestren su capacidad para actuar de manera responsable. “La madurez no solo implica la habilidad de tomar decisiones informadas, sino también la disposición para considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones sobre la justicia y el Estado de derecho”, señaló el juez.

Por su parte, Rocha García indicó que con una mayoría en el Congreso no debería ser visto como un cheque en blanco para imponer decisiones unilaterales. En cambio, mencionó que la verdadera madurez política radica en la capacidad de construir consensos y de trabajar en conjunto, priorizando el interés público sobre las agendas
partidistas.

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En este sentido, ambos argumentaron que la colaboración entre el partido mayoritario y la oposición es esencial para asegurar que la reforma no comprometa la independencia judicial ni la calidad de la justicia en México.

Si bien se reconocen algunos aspectos positivos de la reforma, como la separación de funciones en la presidencia de la Corte y la creación de una Escuela Judicial más autónoma, consideran que los riesgos asociados son significativos.

Braulio Colin