Minimizar inseguridad aviva incertidumbre económica: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informa que la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador de minimizar los problemas de inseguridad, impunidad y delincuencia solo aviva incertidumbre económica y preocupación tras la aprobación de la Reforma Judicial, que al parecer podría limitar la aplicación de una justica efectiva.

Si bien el nuevo gobierno avala la Reforma Judicial, es importante considerar que esta podría restringir sus esfuerzos para lograr el ambiente de tranquilidad social.

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Con un sistema judicial debilitado e impreparado, es muy probable que los niveles de inseguridad e impunidad se fortalezcan en perjuicio de la población y de la actividad productiva, como recién se aprecia en el norte del país, especialmente en Sinaloa, en donde pareciera que la delincuencia ha tomado prácticamente el control.

Los principales indicadores macroeconómicos ya parecen dar cuenta de esta situación, de un ambiente social de creciente inseguridad.

Los resultados más recientes del INEGI muestran que en el segundo trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.2 por ciento, porcentaje que, si bien supera marginalmente el dato previo de 0.1 por ciento, no muestra señal alguna de una mejora.

La inversión, que es el impulsor principal del crecimiento, muestra un rápido debilitamiento, que parece responder al ambiente de elevada incertidumbre por cuestiones políticas y del ambiente de inseguridad que prevalece en el país.

Esto sin duda pone en riesgo la oportunidad de aprovechar el proceso de relocalización que, si bien ya desde hace años ha ubicado a México como un punto atractivo para la instalación de empresas foráneas.

El reporte del INEGI señala que en el segundo trimestre del año la inversión total creció 0.4 por cierto, avance que respondió en su totalidad al alza de 1.5 por ciento en la inversión privada.

Esto significa que las empresas mantienen sus niveles de inversión para seguir operando de manera normal, aunque sin signos de una mayor asignación de recursos ante un incentivo limitado.

Por su parte, la inversión pública se contrajo 5.2 por ciento, como consecuencia de la conclusión de los proyectos insignia del gobierno. Sin embargo, esto parece implicar que la inversión pública en temas tan relevantes como infraestructura básica no fluye lo suficiente para estimular una mayor inversión privada.

Con información de Juan Carlos Machorro