El Congreso de Campeche aprobó una reforma que ha generado preocupación entre propietarios de terrenos privados. La iniciativa, promovida por la gobernadora Layda Sansores, busca facilitar la expropiación de bienes bajo el argumento de “utilidad pública”.
La nueva ley otorga al gobierno estatal facultades amplias para declarar un terreno deinterés público y proceder a su expropiación. Lo que ha encendido las alarmas es el corto plazo que tienen los afectados para defenderse: solo cinco días desde la notificación para presentar recursos legales antes de perder la propiedad.
Entre los puntos más relevantes destacan:
La expropiación podrá aplicarse a cualquier predio privado considerado de utilidad pública.
Los propietarios tendrán un tiempo extremadamente limitado para impugnar la decisión.
La ley se aprobó con el respaldo mayoritario de la bancada de Morena, en una sesión rápida y controversial.
Expertos legales advierten que esta medida podría generar conflictos entre la administración estatal y ciudadanos, al limitar de manera significativa los mecanismos tradicionales de defensa de la propiedad privada.
La aprobación de la reforma ha provocado reacciones diversas entre políticos, organizaciones civiles y ciudadanos. Algunos la defienden como una herramienta para impulsar proyectos de desarrollo y mejorar la infraestructura del estado.
Otros critican la medida por considerar que viola derechos fundamentales y otorga demasiado poder al gobierno local.
Entre las preocupaciones más mencionadas:
Posible uso de la ley para fines que no siempre se ajusten al interés público.
Riesgo de conflictos legales y sociales por la rapidez del proceso.
Incertidumbre entre los propietarios sobre cómo proteger sus bienes frente a esta normativa.
La reforma en Campeche representa un cambio significativo en la forma en que el gobierno puede intervenir la propiedad privada, dejando en claro que los próximos meses serán clave para observar su aplicación y consecuencias.