La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se deslindó del transitorio incluido en la reforma a la Ley de Amparo que introduce la retroactividad en juicios en trámite, lo cual consideró violatorio de la Constitución.
“Los amparos que están en tribunales no se les puede aplicar porque vienen de antes”, puntualizó la mandataria al subrayar que la nueva ley debe aplicarse solo a los casos futuros.
Pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia revisar por qué en la Cámara de Senadores se incorporó ese apartado, y adelantó que el tema también deberá revisarse en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum aclaró que la reforma no elimina el derecho al amparo, sino que busca modernizar su aplicación. Expuso que las modificaciones del Ejecutivo tienen tres ejes principales:
Agilizar la justicia: reducir tiempos de tribunales para garantizar resoluciones más rápidas, especialmente en casos fiscales y comerciales.
Congelamiento de cuentas: evitar que los amparos permitan liberar fondos sospechosos de lavado de dinero antes de que las investigaciones concluyan.
Cumplimiento de resoluciones: impedir que sentencias de la Suprema Corte se dilaten por años mediante amparos, estableciendo medidas como depósitos en garantía para deudores fiscales.
La aprobación de Ley Amparo en el Senado
El Senado de la República aprobó la reforma con 76 votos a favor y 39 en contra, pese a la oposición del PRI, PAN y MC, que calificaron el proceso de apresurado y advirtieron sobre riesgos de retroactividad.
La reserva que Morena introdujo de último momento en el artículo primero transitorio —y que Sheinbaum ahora cuestiona— establece que los juicios en trámite se ajusten a las nuevas disposiciones, lo cual fue interpretado por la oposición como una aplicación retroactiva.
Debate político y jurídico
Mientras legisladores de oposición insistieron en que la reforma debilita el juicio de amparo, Morena y sus aliados defendieron que lo que se busca es frenar abusos que permitían evadir impuestos, descongelar cuentas ligadas a delitos financieros o liberar a delincuentes.
El senador Enrique Inzunza subrayó que el amparo mantiene “su espíritu original de límite frente al abuso y la arbitrariedad”, pero ahora se busca impedir su uso exclusivo por parte de élites