A siete días del arranque del Plan Michoacán, el gobierno estatal ejecutó un giro inesperado en su estructura de seguridad:el secretario de Seguridad Pública y el responsable operativo fueron removidos en medio de un clima de tensión social y política marcado por los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez y Carlos Manzo.
La primera salida fue la de José Ortega Silva, subsecretario de Operación Policial. Su lugar lo ocupará Ramsés Adalid Vega Sayavedra, quien dirigía la Policía Auxiliar.
Horas después, fuentes gubernamentales confirmaron la destitución del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien apenas días antes aseguraba contar con el respaldo de la Federación.
Para encabezar la dependencia llega José Antonio Cruz Medina, exvicefiscal estatal y figura cercana a Omar García Harfuch, titular federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cruz Medina también ha sido subsecretario de Investigación Especializada en la Guardia Civil, experiencia que refuerza su perfil operativo en un momento de alta presión institucional.
Contexto de crisis y protestas crecientes
Estos movimientos se dan tras las recientes muertes de los líderes sociales Bravo y Manzo, que provocaron indignación y el fortalecimiento de protestas ciudadanas en la capital y municipios.
Las manifestaciones se suman a un entorno de señalamientos sobre ineficacia en la estrategia de seguridad y exigencias de “cambios profundos”, que ahora comienzan a materializarse.
Un relevo marcado por la urgencia
La salida de Oseguera Cortés ocurrió el mismo día en que representó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la entrega–recepción del Mando de Armas en la XVI Zona Naval.
El funcionario llegó al cargo en junio de 2024, tras un periodo en el que policías estatales reclamaron aumentos salariales y la destitución de su antecesor por presuntos abusos.
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Hoy, su relevo se convierte en un intento de recomponer una estrategia de seguridad cuestionada mientras Michoacán vive una de sus semanas más tensas del año.