A partir de enero de 2026, millones de usuarios —mexicanos y extranjeros— deberán vincular su número celular con la CURP o pasaporte.
El registro será obligatorio y forma parte del nuevo Padrón de Telefonía Móvil, impulsado para frenar delitos como la extorsión, uno de los que más golpea al país.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es la encargada de diseñar los lineamientos, los cuales deberán publicarse antes de que termine 2025.
Desde enero, cada usuario tendrá 120 días hábiles para registrar todas sus líneas adquiridas en México, sin importar la compañía telefónica. Las empresas lanzarán campañas masivas para informar sobre el proceso.
Si no hay retrasos, el padrón deberá estar completo en julio de 2026. Quien no registre su número simplemente no podrá usar su línea para llamadas o mensajes: quedará activa solo para emergencias.
¿Cómo avanza el proyecto?
La ATDT arrancó en septiembre un programa piloto para registrar nuevas líneas de prepago y pospago en centros de atención de diversas compañías.
El piloto concluyó en octubre y actualmente está abierta una consulta pública para recibir propuestas de empresas, universidades y usuarios. Esta etapa termina el 27 de noviembre.
Con esas opiniones, la CRT ajustará los lineamientos y los publicará en diciembre. Las compañías mayoristas deberán crear plataformas electrónicas para cargar los datos de los usuarios.
El costo no es menor: mantener el sistema demandará más de 4,023 millones de pesos, que serán absorbidos por los operadores de telefonía.
El padrón no es nuevo. Desde abril de 2021, con una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Senado autorizó su creación con la idea de controlar el uso de tarjetas SIM y reducir delitos asociados.
En ese entonces había 122 millones de líneas móviles; para 2025, la cifra ya subió a 158 millones. El reto logístico creció, pero también la urgencia: la extorsión no cedió.
Extorsión al alza pese a las reformas
Entre enero y marzo de 2025 se registraron 5,887 casos de extorsión, un aumento del 6.9% respecto al mismo periodo de 2024, según el SESNSP.
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El gobierno confía en que el nuevo padrón permita rastrear líneas y reducir operaciones delictivas, aunque organizaciones civiles mantienen dudas sobre su eficacia.