A partir de este viernes y hasta el 30 de junio, todos los usuarios de telefonía móvil en México —prepago y pospago— deberán vincular su número a una identificación oficial. El trámite exige INE, pasaporte o CURP y, de no realizarse, las compañías suspenderán el servicio.
La medida fue aprobada en diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y busca crear un padrón nacional de usuarios para frenar el uso de líneas anónimas en actividades delictivas, una práctica frecuente en esquemas de fraude y extorsión.
El requisito aplica a personas físicas y morales. En el caso de empresas, será necesario presentar el RFC para asociar las líneas de sus colaboradores. Aunque las líneas de pospago ya se entregan bajo contrato, el nuevo esquema obliga a reforzar la verificación.
Cómo hacer el trámite
Modalidad presencial
El usuario debe acudir a un centro autorizado del operador y presentar identificación vigente. La empresa mostrará su aviso de privacidad, validará la identidad y comprobará la CURP ante el Registro Nacional de Población. Si el proceso es exitoso, se generará un folio con fecha y hora y la línea quedará activa.
Modalidad remota
Se realiza desde la plataforma digital de cada proveedor. El sistema solicitará fotografía del documento oficial y una prueba de vida —en Telcel, una selfie—. Habrá hasta tres intentos para completar el proceso. Si falla, el usuario deberá acudir a un centro de atención.
Qué pasa con nuevas SIM
Toda tarjeta SIM física o eSIM recién adquirida sólo permitirá llamadas de emergencia hasta que se complete la vinculación. El operador enviará un mensaje con un enlace para iniciar el registro obligatorio.
Protección de datos
Las compañías deberán resguardar la información conforme a la ley. Sólo almacenarán nombre, CURP o RFC, número telefónico y tipo de identificación. La CRT asegura que los datos estarán protegidos contra uso indebido, pérdida o alteración.
Límites y excepciones
Cada persona física podrá vincular hasta 10 líneas. Esta restricción no aplica para empresas ni personas con actividad empresarial, quienes deberán acreditar su situación fiscal.