Javier Duarte de Ochoa volvió a quedar en el centro del tablero judicial. Un juez de control lo vinculó a proceso por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados a programas sociales para niñas, niños y adultos mayores.
La audiencia se realizó en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el exmandatario permanece interno.
La resolución incluyó prisión preventiva justificada y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República presentó 38 datos de prueba para sustentar la acusación de peculado.
Según la imputación, en 2012 se autorizaron 10 millones de pesos para apoyos sociales; sin embargo, solo la mitad habría llegado al programa.
El resto, señala la Fiscalía, se transfirió a cuentas del gobierno estatal cuando debía reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Libertad en pausa
El nuevo proceso altera el calendario. Duarte aspiraba a obtener su libertad anticipada en abril de 2026, tras cumplir el 95% de una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Su defensa argumentó que ya había superado los 3 mil 125 días en prisión, requisito clave en la Ley de Ejecución Penal.
No obstante, la nueva causa penal complica ese escenario. El juez determinó que permanecerá en prisión al menos durante el periodo fijado para el cierre de la investigación.
La audiencia de imputación fue diferida en tres ocasiones por la ausencia de la defensa. En la última diligencia, Duarte pidió otro aplazamiento al señalar que sus abogados estaban hospitalizados.
La Fiscalía consideró que se trataba de tácticas dilatorias. El juez fue claro: no habría más retrasos.
Finalmente, tras la ampliación del término constitucional solicitada por la defensa, se resolvió la vinculación a proceso este martes 17 de febrero.
El expediente Duarte, lejos de cerrarse, suma un nuevo capítulo que mantiene en suspenso su futuro jurídico.
El caso también reavivó la polémica internacional. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una carta diplomática tras el asilo otorgado por el Reino Unido a Karime Macías Tubilla, señalada por presunto fraude.