El maltrato animal dejó de ser una falta administrativa en Guanajuato. Desde esta semana, es delito. La reforma constitucional publicada tras el Decreto 171 obliga al Estado y a sus 46 municipios a garantizar protección y bienestar a los animales, ahora reconocidos como “seres sintientes” en el artículo primero de la Carta Magna local.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que la nueva disposición se aplicará “con todo el peso de la ley”.
El cambio no es simbólico: abre la puerta a carpetas de investigación penales y a sanciones que pueden derivar en castigo ejemplar.
La diputada Miriam Reyes Carmona informó que en la entidad se han abierto 462 carpetas de investigación por delitos contra la vida y la integridad de los animales.
Con la reforma, esos casos ya no quedarán en el terreno administrativo: podrán escalar a procesos penales formales.
La cifra revela que el problema no es aislado. Legisladores señalaron además que diversos estudios vinculan el maltrato animal con la violencia intrafamiliar, lo que convierte la sanción penal en una herramienta preventiva.
Con la modificación al artículo primero de la Constitución estatal, la protección animal se convierte en un mandato obligatorio.
No sólo se castiga la agresión directa: también se establece la responsabilidad de garantizar trato adecuado, conservación y cuidado.
Esto implica que ministerios públicos deberán integrar carpetas sólidas, recabar pruebas, dictámenes veterinarios y testimonios, y judicializar los casos cuando existan elementos suficientes. La omisión ya no será opción.
En paralelo, el Congreso local analiza incorporar contenidos sobre respeto animal en la Ley de Educación estatal. Sin embargo, los planes de estudio básicos dependen de la Secretaría de Educación Pública federal.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó que, aunque gran parte del currículo es competencia federal, el estado puede identificar vacíos y promover programas complementarios. La discusión apunta a la prevención desde la infancia.
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EL DATO
La reforma marca un giro en la política pública local: pasar del discurso a la persecución penal efectiva. Las nuevas investigaciones deberán traducirse en sentencias cuando haya responsabilidad comprobada.
En Guanajuato, el mensaje es claro: el maltrato animal ya no será tolerado como una conducta menor. La Constitución lo respalda y la Fiscalía deberá actuar en consecuencia.