Caso Athos y Tango vuelve a causar indignación por posible reducción de condena

La sentencia por el caso Athos y Tango, considerada la más alta en México por maltrato animal, podría reducirse después de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de amparo interpuesto por el dueño de los perros rescatistas envenenados en 2021.

El miércoles, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinoza Betanzo, determinó desechar el recurso de revisión promovido por el paramédico Édgar Martínez Olguín, propietario de los perros rescatistas Athos y Tango, con el que buscaba evitar la reducción de la sentencia dictada contra Vicente N.

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En 2022, Vicente N fue condenado a 10 años de prisión por envenenar a los dos perros de búsqueda y rescate que formaban parte de la Cruz Roja. La sentencia fue considerada histórica al ser la más alta impuesta en México por un caso de maltrato animal.

Sin embargo, el ministro argumentó que el recurso debía desecharse debido a que no existe un tema de constitucionalidad que amerite pronunciamiento por parte del máximo tribunal del país.

“Al no subsistir tema de constitucionalidad alguno que deba ser objeto de pronunciamiento por este Alto Tribunal, lo que procede es declarar improcedente el recurso de revisión intentado, desecharlo y, por lo tanto, dejar firme la sentencia recurrida”, señala la resolución.

¿Por qué reducirían condena contra responsable de envenenar a Athos y Tango?

Con esta determinación, queda firme la resolución emitida en 2024 por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, que ordenó reducir la sentencia de 10 años a no más de cinco años de prisión.

El tribunal consideró que imponer una condena por cada animal envenenado implicaría “una doble punición sobre la misma conducta”, ya que el castigo debe aplicarse por la acción cometida y no por el número de animales afectados.

Defensa anuncia nuevas acciones legales y llevar caso a instancias internacionales

Tras conocerse la decisión, la abogada de Martínez Olguín, Mónica Huerta, adelantó que presentarán nuevas denuncias y quejas contra autoridades judiciales involucradas en el caso.

Entre las acciones legales que planean interponer se encuentra una solicitud de investigación por presuntos actos de corrupción contra el magistrado ponente del Tribunal Colegiado y contra el ministro de la SCJN.

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“Es una simulación de estado de derecho y es una simulación de aplicación de la norma, y lo que sigue para esto, si bien ellos señalan que no existe un recurso sobre este desechamiento, es verdad, no lo existe, pero tenemos otras instancias y otros recursos a los cuales podemos acudir”, señaló la litigante.

La defensa también advirtió que buscarán llevar el caso a instancias internacionales, con el objetivo de que se investigue la actuación del Estado mexicano en el proceso judicial.

“Estamos buscando acudir a instancias internacionales para que se condene al estado mexicano por la simulación en este juicio, por la simulación en la aplicación del derecho”.

Con información de Excelsior