Desde Palacio Nacional, la mandataria fijó postura con claridad: la salida del funcionario es un asunto local, pero la investigación tiene alcance federal y debe avanzar hasta sus últimas consecuencias.
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum subrayó que el caso continúa bajo análisis del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya tiene la encomienda de profundizar en los hechos.
La presidenta insistió en que no basta con cambios administrativos o políticos, sino que es indispensable reconstruir lo ocurrido y deslindar responsabilidades. El objetivo, dijo, es evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Sheinbaum colocó el tema en un plano mayor: la defensa de la soberanía nacional. Recordó que laConstitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites claros sobre la actuación de agentes extranjeros en México.
En ese marco, enfatizó que no está permitida la participación directa de personal extranjero en operativos dentro del país, y que cualquier colaboración debe apegarse a protocolos específicos, principalmente en tareas de inteligencia y con notificación oficial.
La mandataria también envió una señal a los gobiernos estatales: la coordinación internacional en materia de seguridad no puede operar fuera de la ley.
Aclaró que su administración no vigila de forma directa a las entidades, pero sí exige el cumplimiento estricto del marco legal. El llamado es a evitar decisiones que comprometan la legalidad de los operativos o generen tensiones diplomáticas.
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EL DATO
Más allá de la renuncia del fiscal, el caso se mantiene como un asunto abierto que podría redefinir los límites de la cooperación en seguridad entre México y otros países. Para el Gobierno federal, el desenlace no solo implica esclarecer un operativo específico, sino reforzar las reglas bajo las cuales se permite la interacción con actores extranjeros.