El gobierno federal cerró filas en torno a Rubén Rocha Moya. En medio de las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que en México no existe ninguna investigación abierta contra el gobernador con licencia de Sinaloa.
Desde Palacio Nacional, el funcionario federal también negó que Rocha Moya haya obstaculizado acciones contra el narcotráfico durante su administración.
Por el contrario, sostuvo que las autoridades federales operaron con libertad total en la entidad y lograron detenciones de alto impacto.
Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum,García Harfuch afirmó que el Gabinete de Seguridad trabajó de forma permanente en Sinaloa sin restricciones por parte del entonces mandatario estatal.
El titular de Seguridad recordó que durante los últimos meses fueron capturados objetivos prioritarios relacionados con el narcotráfico, incluidos perfiles con solicitudes de extradición internacional.
“Nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, afirmó.
La declaración ocurre luego de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos nexos entre Rocha Moya y grupos criminales, situación que derivó en un proceso de presión diplomática y política.
Mientras el caso sigue generando debate público, el gobierno mexicano confirmó que hasta ahora no ha recibido evidencia oficial por parte de Washington.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses, aunque el Departamento de Estado todavía no responde formalmente a la solicitud diplomática enviada por México para conocer las pruebas contra Rocha Moya.
Roberto Velasco, funcionario de la cancillería mexicana, explicó que la petición fue enviada a través de la embajada mexicana en Washington y sigue pendiente de respuesta.
Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al cargo luego de que trascendiera la acusación en su contra por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que, hasta este momento, no existen elementos jurídicos presentados en México que justifiquen una investigación formal.
El caso también abrió una discusión sobre los alcances del tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el acuerdo bilateral, si Washington busca formalizar un proceso de extradición, deberá presentar documentos, órdenes judiciales y pruebas suficientes dentro de los plazos establecidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier procedimiento dependerá exclusivamente de pruebas claras y sustentadas.
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EL DATO
Las declaraciones de García Harfuch buscan enviar un mensaje claro: las operaciones de seguridad en Sinaloa continuaron sin bloqueos durante la administración de Rocha Moya.
El funcionario insistió en que las fuerzas federales mantuvieron coordinación permanente en el estado y lograron avances relevantes contra estructuras criminales, en una de las entidades más sensibles para la estrategia nacional de seguridad.