La mayoría legislativa en la Cámara de Diputados aprobó una reserva que permitirá a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantenerse en el cargo hasta por 17 años, una decisión que detonó críticas dentro y fuera de Morena durante la discusión de la Reforma Judicial.
La modificación fue presentada de última hora por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna en medio del debate en lo particular del dictamen.
Con el respaldo de Morena, PT y Partido Verde, la propuesta abre la posibilidad de extender por seis años más el periodo de magistrados actualmente en funciones.
De concretarse, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, así como los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón —quienes llegaron al cargo en 2016— podrían permanecer hasta 2034.
La propuesta no solo provocó reclamos de PAN y PRI, que calificaron la medida como un “albazo legislativo”, sino también una confrontación dentro de Morena.
El vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar criticó abiertamente la reserva y advirtió que la reforma contradice el discurso de eliminar privilegios y prácticas de permanencia prolongada en el poder.
Durante la sesión, el legislador acusó que se pretende restaurar, de facto, una forma de reelección para magistrados electorales, al extender un periodo que originalmente era de nueve años.
La defensa de la mayoría oficialista se centró en argumentar que la reforma busca evitar un “trato diferenciado” respecto a otros integrantes del Poder Judicial que sí podrán participar en procesos de elección posteriores.
En la misma jornada legislativa también avanzó otra reserva impulsada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, para impedir que la consulta de revocación de mandato coincida con elecciones federales intermedias.
Con el cambio aprobado, la revocación deberá realizarse el 1 de junio del cuarto año del periodo presidencial, lo que evitaría su cruce con procesos electorales federales o presidenciales.
La reforma judicial aprobada también contempla aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados. Además, se creará un Comité Coordinador encargado de diseñar criterios de evaluación y aplicar exámenes a aspirantes judiciales.
Aunque se mantendrá el sistema de insaculación o “tómbola”, el nuevo esquema reducirá el número de candidatos antes de llegar a esa etapa.
Otro de los cambios aprobados establece que las dos nuevas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo podrán operar con autorización del pleno.
Tras concluir el debate judicial, los diputados avanzaron en otros dictámenes relacionados con procesos electorales y candidaturas.
Uno de ellos obliga al INE a crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que trabajará con información de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
La instancia podrá emitir alertas sobre posibles riesgos o vínculos de aspirantes con el crimen organizado, aunque serán los partidos quienes decidan retirar o mantener candidaturas.
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Elecciones podrían anularse por injerencia extranjera
También avanzó la propuesta impulsada por Ricardo Monreal para anular elecciones cuando se compruebe intervención extranjera en procesos electorales mexicanos.
La reforma incorpora como causal de nulidad la “intromisión extranjera”, incluyendo financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital, propaganda extranjera o presiones políticas y económicas desde otros países.
Con ello, la legislación electoral mexicana sumaría una nueva causal de invalidez junto al rebase de topes de campaña, compra de cobertura mediática y uso de recursos ilícitos.