Estados Unidos amenaza a políticos ligados al crimen organizado en México

La lucha contra los cárteles mexicanos ha escalado a un nuevo nivel. Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, lanzó una advertencia directa: Washington también perseguirá a funcionarios y políticos que presuntamente faciliten las operaciones del crimen organizado.

La funcionaria, considerada la principal responsable de la estrategia antidrogas estadounidense, aseguró que para debilitar a los grupos criminales no basta con detener a sus líderes, sino que también es necesario desmantelar las estructuras políticas y financieras que les permiten operar.

“Tenemos que ser igual de duros con ellos”, afirmó al referirse a funcionarios que, según las investigaciones estadounidenses, habrían colaborado con organizaciones criminales.

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Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa

Las declaraciones ocurren en medio de la polémica generada por las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios señalados por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados habrían permitido que integrantes de la organización criminal realizaran actividades ilícitas a cambio de sobornos y protección institucional.

Aunque el gobierno estadounidense solicitó medidas para lograr la detención y eventual extradición de los involucrados, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente en México.

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Cooperación inédita entre México y Estados Unidos

Sara Carter reconoció que la colaboración bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus momentos más estrechos de los últimos años.

La funcionaria destacó el intercambio de inteligencia, las extradiciones y las acciones coordinadas entre ambos gobiernos para combatir a los grupos criminales.

Como ejemplo, mencionó el operativo realizado en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Carter, la información de inteligencia fue proporcionada por autoridades estadounidenses y ejecutada por fuerzas mexicanas, incluyendo la Guardia Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas.

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Trump y la presión sobre los gobiernos

La zar antidrogas también atribuyó el fortalecimiento de la cooperación internacional a la postura del presidente Donald Trump, quien ha insistido en exigir mayor colaboración de los países de la región para combatir al crimen organizado.

Según Carter, diversos gobiernos han decidido reforzar su coordinación con Washington porque consideran reales las advertencias emitidas por la administración estadounidense sobre posibles consecuencias para quienes no colaboren.

“Los gobiernos saben que les conviene cooperar”, afirmó.

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Entregas y proceso judicial avanzan

Mientras continúa el debate político, algunos de los señalados ya enfrentan procesos legales. Uno de ellos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó a autoridades estadounidenses y actualmente permanece recluido en una prisión federal en Brooklyn.

Reportes periodísticos también señalan que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, habría ingresado a territorio estadounidense para atender los señalamientos en su contra.

Hasta ahora, cinco de los diez funcionarios acusados han comparecido ante la Fiscalía General de la República como parte de las investigaciones derivadas del caso.

Las declaraciones de Sara Carter elevan la presión sobre los funcionarios señalados y anticipan una nueva etapa en la estrategia de Estados Unidos para combatir la influencia política del narcotráfico en México.

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