La nueva norma, que entraría en vigencia a partir de su publicación este lunes, permitiría al gobierno reunir una enorme cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de inmigrantes, lo que plantea graves preocupaciones sobre privacidad y preguntas sobre si esos datos deberían archivarse cuando una persona no es sospechosa de ningún delito aparte de haber cruzado la frontera de manera ilegal.
Cabe señalar que ya autoridades tomaban muestras ADN de forma mucho más limitada, cuando un inmigrante era procesado en un tribunal federal por un delito penal. Eso incluía el cruce ilegal de frontera, una acusación presentada sobre todo contra adultos solteros. Los que llegan acompañados por niños no suelen ser procesados porque los niños no pueden ser detenidos.
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Grupos de derechos civiles ya han expresado su preocupación por que esa información pueda utilizarse de forma inapropiada, y es probable que la nueva normativa provoque acciones legales. Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron de inmediato las revelaciones iniciales sobre los planes de recogida de ADN hace dos semanas.
Las autoridades hicieron más de 810.000 detenciones en la frontera en el año fiscal terminado en septiembre, una cifra que no se había visto en más de 10 años.
AP/HMR
