Familias en Texas exigen más medidas para el control de armas

Edgar Sandoval

El domingo por la noche, Kimberly Rubio y su esposo, Felix, subieron al escenario de la Plaza Uvalde que está junto al ayuntamiento mostrando una fotografía de su hija muerta, Alexandria Aniyah Rubio, a quien le llamaban ‘Lezi’ y leyeron en voz alta parte de la declaración de objetivos del Departamento de Policía de Uvalde.

El departamento “se compromete a ofrecerle a la población un servicio policial de excelencia con el propósito de proteger su vida”, leyó Kimberly Rubio con la voz temblorosa. Recordó haber declarado ante el Congreso para suplicar que hubiera más medidas de control de armas después de la masacre que tuvo lugar en su ciudad.

Luego, levantó la mirada y su voz recobró la intensidad. “Nadie puede darme lo que quiero”, afirmó. “Yo quiero que me devuelvan a mi hija. Como no puedo tenerla; entonces, quienes no la protegieron nunca encontrarán la paz”.

En los días posteriores al tiroteo en la Escuela Primaria Robb, algunos padres como Rubio y otros familiares de las víctimas reaccionaron con consternación y duelo silencioso. Los residentes de esta comunidad, en su mayoría mexicoestadounidenses del sur de Texas, se retrajeron y alejaron a los forasteros mientras enterraban a sus muertos y se abrazaban unos a otros en reuniones familiares íntimas.

Pero con el paso del tiempo y la falta de explicaciones por parte de las autoridades sobre por qué los oficiales tardaron más de una hora en hacer frente al hombre armado que asesinó a diecinueve niños y dos maestras, la consternación se ha disipado y la rabia de un principio no ha hecho más que acrecentarse. En las últimas semanas, las familias han estado atacando verbalmente a sus funcionarios electos durante las reuniones del ayuntamiento y, el domingo, cientos de personas marcharon por la ciudad en su primera demanda colectiva de rendición de cuentas.

Este evento, denominado por los organizadores como la Manifestación de las Voces Ignoradas, comenzó en la escuela primaria que, después de más de un mes de la tragedia, seguía cubierta de flores y fotografías de las 21 personas fallecidas. Los manifestantes tuvieron que hacer frente a un calor asfixiante mientras llevaban carteles que decían: “No olviden sus nombres” y coreaban “¡Salven a nuestros hijos!”.

Una vez reunidos en la Plaza Uvalde, la cual se ha convertido en un sitio formal de reunión para los dolientes, los familiares de las víctimas se turnaron para leer en voz alta el nombre de sus seres queridos y recordar como sus sueños de convertirse en jugadores de béisbol y líderes comunitarios fueron destruidos. Entre los asistentes estaba Beto O’Rourke, el candidato de los demócratas para gobernador de Texas.

Javier Cazares, cuya hija de 9 años, Jackie, fue asesinada en la masacre, mencionó que la semilla para el mitin fue plantada el día en que, de pie ante su cuerpo, prometió que su muerte no sería en vano.

“Quiero que su nombre sea recordado”, señaló Cazares. “Le prometí que íbamos a luchar”.

Cazares explicó que las familias querían una explicación detallada de lo que ocurrió el 24 de mayo durante la respuesta de la policía y exigían a las autoridades que aquellos responsables rindan cuentas de sus acciones. El director de la Policía Estatal, Steven McCraw, ha dicho que la respuesta fue un “lamentable fracaso”.

Un funcionario informado sobre los trabajos internos del comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas señaló que los legisladores tenían pensado dar a conocer sus hallazgos en una reunión privada con los familiares dentro de una semana o diez días.

Muchas de las personas que se manifestaron también quieren algo más que justicia. Algunas familias están presionando para que haya leyes de control de armas más estrictas y verificaciones de antecedentes. Pero, según Cazares y algunas otras personas, en un condado principalmente rural y conservador en términos sociales donde la cultura de las armas se entrelaza con la vida cotidiana y donde mucha gente posee armas para protegerse y cazar, es posible que el control de armas sea un objetivo difícil de alcanzar.

Un informe preliminar de la policía señalaba que los oficiales esperaron 78 minutos para entrar a las aulas donde el atacante estaba aterrorizando a una maestra y a los niños. Cazares afirmó que el recuerdo de Jackie, a quien describió como una niña “muy inquieta” que soñaba con visitar París, era lo que lo mantenía motivado para pedir una explicación completa y exigir que el distrito escolar de Uvalde refuerce sus medidas de seguridad antes de que inicie el próximo año escolar.

“Yo no temo decir lo que pienso y seguiré haciéndolo para que estas familias sepan que no están solas”, aseveró.

Gran parte del enojo de la comunidad se ha concentrado en el jefe de la policía escolar, Pete Arredondo, quien fue uno de los primeros en llegar a la escuela Robb, en Texas y, de acuerdo con la policía estatal, fue el oficial que estuvo al mando en el lugar de los hechos. En una entrevista con ‘The Texas Tribune’, Arredondo negó que estuviera al mando y, desde entonces, ha tenido licencia administrativa para no presentarse a trabajar; también renunció a un puesto en el ayuntamiento que había ganado antes del tiroteo.

Vincent Salazar, quien perdió a su nieta, Layla Marie Salazar, en el ataque registrado en Texas, acudió a la manifestación vestido con una playera negra donde se veía la foto de Layla con alas de ángel. Salazar comentó que quería que renunciaran todos los oficiales que no pudieron abrir las puertas y detener a tiempo al atacante.

“Si les han dado una placa para proteger a la gente, para proteger a los bebés, ¿por qué no lo hicieron?”, preguntó. “Este es solo el inicio, la primera manifestación. Está lejos de terminar”.

Esa rabia también ha sido evidente en las reuniones recientes del ayuntamiento. Durante una reunión muy concurrida a fines de junio, Velma Lisa Duran, la hermana de Irma Garcia, una de las maestras que murió en el tiroteo, denunció la falta de transparencia de las autoridades. Duran señaló que las familias dolientes, como la de ella, ya estaban cansadas de “escuchar palabras vacías”.

Visiblemente molesta, Duran le recalcó al alcalde el daño que podía provocarle al cuerpo un rifle automático, el cual fue usado por el atacante de la Escuela Primaria Robb. “Estos niños estaban destrozados… mi hermana estaba destrozada”, subrayó, y añadió que asistir al funeral de su hermana fue una experiencia devastadora. “El ataúd estaba cerrado. No pude abrazarla, no pude tocarla. No pude despedirme”.

Conteniendo las lágrimas, le pidió al alcalde que explicara por qué los oficiales que estaban en el corredor no estaban al tanto de que los niños que estaban siendo atacados no dejaban de llamar al 911 suplicando que los ayudaran.

“Habrían podido salvar a muchos niños”, aseguró. “Esto no debió haber sucedido. Estamos sosteniendo una reunión posterior a una masacre. Necesitamos un cambio. Ya basta”.

El alcalde, Don McLaughlin, se esforzaba en asegurarles a Duran y a otras familias que sentía “el mismo dolor que ellos”.

“No, eso no es cierto”, contestó Duran con brusquedad.

En otro momento de la reunión, Tina Quintanilla-Taylor, una activista local que en 2020 contendió sin éxito por un puesto en el consejo escolar, se levantó, miró hacia las cámaras de televisión que había en la sala y se dirigió a los políticos del Capitolio estatal. “Den la cara. Respondan nuestras preguntas ya”, exigió Quintanilla-Taylor.

Días después de la reunión, rememoró haber sacado a su hija de la escuela momentos antes del tiroteo. A Quintanilla-Taylor todavía la persigue el sonido de los disparos mientras docenas de policías estaban esperando afuera. Ahora siente una gran necesidad de alzar la voz por quienes murieron.

“Queremos que rindan cuentas a todos los niveles: local, municipal, estatal, federal”, mencionó en una entrevista. “También quiero que la gente participe más. Regístrense y voten”. Quintanilla-Taylor añadió que si los funcionarios no atienden las inquietudes de la gente, “hay que expulsarlos”.

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