Condenan a Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, a 6 años de prisión

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y líder del peronismo opositor, fue condenada a seis años de prisión por fraude al Estado por un tribunal superior de Argentina, que también la inhabilita para ocupar cargos públicos.

La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser Fernández, dos veces mandataria entre 2007 y 2015, y vicepresidenta de 2019, en un caso conocido como “vialidad” en la que se le acusa de favorecer a un empresario amigo al otorgar obras públicas. 

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Una multitud de militantes rodeó el tribunal para protestar contra un fallo que Cristina Fernández consideró que tiene intencionalidad política. “El verdadero objetivo es proscribirme de por vida”, externó en X. 

La medida no implica que la también abogada pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los siguientes meses. Esto ya que se prevé apelar el fallo ante la Suprema Corte, que puede tardar años en pronunciarse.

Cristina Fernández es condenada a 6 años de prisión

A finales de 2022, la expresidenta recibió la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió fraude al Estado. Luego de que considera que asignó irregularmente obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial del 2007 al 2015. 

La entonces vicepresidenta consideró que era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para dejarla fuera del escenario político. 

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Lázaro Báez, empresario de la construcción, y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires. Sin embargo, la expresidenta y los otros condenados no asistieron.

En las inmediaciones, militantes de Cristina Fernández de Kirchner, la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene la exmandataria como referente, se pronunciaron en contra de lo que consideran un ejemplo del “lawfare”. O bien, uso de mecanismo del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.