El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el centro de la polémica tras la decisión de un juez de declararlo en rebeldía por no presentarse a declarar en un caso de presunto abuso a una menor.
El juez Nelson Rocabado ordenó su detención y la congelación de sus cuentas bancarias, además de la inmovilización de sus bienes, mientras Morales sigue resguardado en el Chapare, su feudo cocalero.
El caso, que involucra una relación de Evo Morales con una joven de 14 años, dio lugar a una denuncia por presunta trata de personas y tráfico de menores, ya que la menor quedó embarazada mientras el exmandatario era presidente.
La investigación se activó el año pasado, en medio de tensiones políticas y a pocos meses de las elecciones presidenciales.
Morales ha rechazado las acusaciones, acusando al gobierno de estar detrás de la orden de detención y denunciando lo que considera un proceso judicial sin pruebas.
A través de su cuenta de X, el exmandatario calificó la situación como parte de un ataque político para eliminarlo de la contienda electoral de 2025.
“La ‘justicia’ actúa como en tiempos de la inquisición”, comentó Morales, quien asegura que las acusaciones son parte de un plan para proscribirlo antes de las elecciones presidenciales.
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Sin embargo, la Corte Suprema de Bolivia ya se ha manifestado en contra de su candidatura.
Líderes de derechos humanos y miembros de la oposición, como la diputada Luciana Campero, han señalado la gravedad de la situación.
Campero recordó que existen documentos que validan la relación de Morales con la menor y enfatizó la falta de voluntad del exmandatario para presentarse ante la justicia.
Por otro lado, los abogados de Morales han alegado problemas de salud, específicamente bronconeumonía y afecciones cardiacas, para justificar su ausencia en las audiencias.
Sin embargo, el juez determinó que estas condiciones son tratables, por lo que insistió en la necesidad de su comparecencia.
«El daño político a la imagen de Morales es incuestionable», comentó el abogado Romer Velasco, quien aseguró que el expresidente debe comparecer ante la justicia como cualquier otro ciudadano investigado.
Mientras tanto, el gobierno continúa con su labor de seguimiento de la investigación, buscando información adicional que permita avanzar en el caso. Las autoridades se encuentran a la espera de la colaboración de la joven involucrada, quien aparentemente se encuentra en Uruguay, lo que añade complejidad al proceso.
La situación de Evo Morales continúa siendo un tema de debate en Bolivia, pues muchos consideran que su futuro político está en juego, no solo por las acusaciones en su contra, sino también por las tensiones dentro de su partido y su relación con el gobierno actual.