De acuerdo con fuentes oficiales, los militares no tendrán funciones de aplicación de la ley, ya que la Ley Posse Comitatus prohíbe su intervención en detenciones civiles.
No obstante, estas tropas brindarán apoyo logístico, transporte y construcción de barrerasfísicas en puntos estratégicos.
Este tipo de operaciones ya se ha realizado en administraciones previas, incluyendo los mandatos de Donald Trump y Joe Biden.
La movilización ocurre en un momento crítico, mientras se debate la posible invocación de la Ley contra la Insurrección, que permitiría a las tropas desempeñar roles policiales en territorio estadounidense.
Esta decisión podría cambiar radicalmente la dinámica en la frontera y generar un intenso debate legal y político.
Durante despliegues anteriores, los militares han desempeñado tareas de apoyo, como el transporte de agentes fronterizos, la instalación de infraestructura y la provisión de recursos logísticos.
En 2018, más de 7,000 soldados fueron enviados a Texas, Arizona y California en respuesta a una caravana de migrantes, demostrando la magnitud de estas operaciones.
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Aunque la cifra final de efectivos aún podría variar, esta acción refuerza la postura del gobierno de Estados Unidos sobre la migración, en línea con políticas de seguridad nacional que buscan endurecer las fronteras.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación, advirtiendo sobre el impacto humanitario en los migrantes y las comunidades fronterizas.
Se espera que este despliegue cobre mayor relevancia en los próximos días, mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono delinean los detalles operativos.