El presidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal tras su decisión de prohibir el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos defensores de los migrantes interpusieron una demanda en su contra, argumentando que la medida es ilegal y expone a miles de personas a riesgos de persecución y tortura.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, sostiene que la orden ejecutiva de Trump viola las leyes estadounidenses de inmigración, las cuales garantizan el derecho a solicitar asilo.
“El gobierno está haciendo exactamente lo que el Congreso estableció que no debe hacer: devolver a solicitantes de asilo a países donde corren peligro sin permitirles acceder a protecciones legales”, indicaron los abogados en el documento legal.
Cierre total del asilo en la frontera
Trump justificó su medida alegando que la llegada de migrantes constituye una “invasión” y, bajo esa premisa, suspendió de inmediato la entrada física de personas en la frontera sur hasta nuevo aviso.
Con ello, también eliminó la posibilidad de solicitar asilo en la frontera, endureciendo aún más las políticas migratorias que ya habían sido restringidas bajo el mandato de Joe Biden.
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Durante la administración Biden, aunque se limitaron las solicitudes de asilo para quienes cruzaban de manera irregular, se estableció un sistema que permitía a 1,450 personas diarias agendar una cita en los cruces oficiales con México para solicitar protección en EE.UU. Sin embargo, Trump desmanteló por completo este programa en su primer día de regreso al poder.
Organizaciones van contra Trump
Organizaciones como el Proyecto Florence, el Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas y RAICES, que representan a migrantes en proceso de asilo, se han sumado a la batalla legal contra Trump.
Los activistas argumentan que su política pone en riesgo a quienes huyen de conflictos armados y persecución, dejando a miles de familias en el limbo y expuestas a la violencia en México y Centroamérica.
Por otro lado, los opositores a estas demandas sostienen que el sistema de asilo en EE.UU. está desbordado y que muchas solicitudes tardan años en resolverse, con un número relativamente bajo de casos aprobados.
A pesar de ello, la ACLU advierte que cerrar por completo el acceso al asilo no es la solución y que la administración Trump podría enfrentar fuertes reveses en los tribunales.