Por tercera vez en menos de una semana, un juez federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas en situación irregular en Estados Unidos.
El juez Joseph N. Laplante, desde Nueva Hampshire, se sumó a los fallos previos emitidos en Seattle y Maryland, marcando un fuerte rechazo legal a la medida.
Aunque aún debe presentar una orden más extensa explicando su decisión, dejó claro que los argumentos del gobierno de Trump no lo convencieron.
El derecho a la ciudadanía, en juego
La orden de Trump, impugnada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha sido calificada como un intento de socavar principios fundamentales de la Constitución estadounidense.
La demanda representa a mujeres embarazadas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes alertan sobre el impacto devastador de la medida.
«Este derecho está consagrado en la Constitución y en la ley federal. Seguiremos luchando hasta derrotar esta orden ejecutiva por completo», afirmó Cody Wofsy, de la ACLU, tras la audiencia.
Por su parte, el gobierno de Trump argumenta que los hijos de personas extranjeras no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos y, por lo tanto, no deberían obtener la ciudadanía automáticamente.
Sin embargo, jueces como John C. Coughenour en Seattle y Deborah Boardman en Maryland han descartado este argumento, señalando que la Constitución no puede ignorarse por razones políticas.
Un debate que aún no termina
El gobierno de Trump ya apeló el fallo en Seattle y se espera que haga lo mismo con los otros casos. Además, un juez en Boston escuchó argumentos en otra demanda presentada por 18 estados, pero aún no ha emitido una decisión.
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Estados Unidos es uno de los 30 países donde rige el principio de jus soli o «derecho del suelo», que garantiza la ciudadanía por nacimiento. La mayoría de estos países están en América, incluyendo Canadá y México.
A medida que la batalla legal avanza, los defensores de los derechos de los inmigrantes celebran los fallos judiciales como una victoria crucial para proteger un derecho que ha definido a Estados Unidos por generaciones.