En una decisión que ha encendido la alarma entre organizaciones de derechos humanos, el Congreso aprobó una nueva ley en Perú que permitirá juzgar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves como homicidio, extorsión o violación sexual.
Publicada en el diario oficial El Peruano, la reforma modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando que, en caso de crímenes violentos, estos jóvenes ya no recibirán medidas socioeducativas, sino condenas como las de cualquier adulto.
La norma ha generado una fuerte oposición por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, que emitieron comunicados conjuntos calificando la medida como inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos.
«Esta reforma desconoce la especial condición de los adolescentes y vulnera el artículo 4 de la Constitución», afirmaron.
El congresista ultraconservador Alejandro Muñante, impulsor de la ley, argumentó que los menores que cometen delitos violentos actualmente son tratados «como niños», sin recibir sanciones proporcionales.
Por su parte, el exministro del Interior y parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi respaldó la medida, señalando que las bandas criminales reclutan deliberadamente a menores por su impunidad jurídica.
Sin embargo, desde el Ministerio Público se recordó que el Perú ya cuenta con un régimen penal juvenil que contempla medidas severas, como hasta 10 años de internamiento en centros de reeducación, con enfoque resocializador.
«No se trata de impunidad, sino de reconocer que los adolescentes están en proceso de formación», puntualizó la institución.
Organismos defensores de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han advertido que este tipo de medidas punitivas no solo violan estándares internacionales, sino que incrementan el riesgo de criminalización y exclusión social de adolescentes en situación de vulnerabilidad.
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