EU reforzará vigilancia de redes sociales en visas para estudiantes

Los estudiantes internacionales que quieran estudiar en Estados Unidos deberán permitir que se revisen sus redes sociales como parte del proceso de solicitud de visa.

Esta medida ya estaba en vigor desde 2020, pero ahora se reforzará con nuevas herramientas tecnológicas. La intención, según el gobierno estadounidense, es reforzar los filtros de seguridad nacional.

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Mayor control para detectar posibles riesgos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que se mantendrá el requerimiento de proporcionar identificadores de redes sociales con los nombres de usuario en plataformas como:

• Instagram
• X (antes Twitter)
• Facebook
• TikTok
• YouTube

Al solicitar visas de no inmigrante, incluidas las de estudiantes (tipo F y M). Esta información se utilizará para verificar antecedentes y detectar posibles amenazas a la seguridad del país.

Aunque esta práctica comenzó durante la administración de Donald Trump, la actual administración de Joe Biden no solo la ha mantenido, sino que también ha invertido en fortalecer los sistemas automatizados de análisis de datos.

Según medios internacionales, se aplicarán nuevas tecnologías de reconocimiento de patrones y análisis de comportamiento en línea, lo que genera inquietudes sobre la privacidad de los solicitantes.

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Críticas por posible violación a la privacidad

Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles y la privacidad digital han expresado su preocupación por esta política. Señalan que monitorear redes sociales puede llevar a malinterpretaciones, castigos arbitrarios y afectaciones a la libertad de expresión.

Además, algunos estudiantes temen que su solicitud pueda ser rechazada por publicaciones pasadas fuera de contexto o por simples opiniones personales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha advertido que esta vigilancia masiva podría tener efectos discriminatorios, especialmente hacia estudiantes de ciertos países. Mientras tanto, el gobierno insiste en que se trata de una herramienta más para garantizar la seguridad sin afectar los derechos fundamentales.

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