En una sesión marcada por tensión, rupturas internas y hasta amenazas políticas, el Senado de Estados Unidos aprobó por la mínima el controversial plan de gasto del presidente Donald Trump, gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance.
Con 50 votos a favor y 50 en contra, la cámara alta reflejó la profunda polarización que genera la iniciativa, aún entre las filas republicanas.
Aunque el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado con 53 escaños, tres de sus legisladores votaron en contra del proyecto, que propone extender recortes fiscales por 4.5 billones de dólares,eliminar impuestos sobre propinas, horas extra y seguridad social, y aumentar el presupuesto en defensa y control migratorio.
A cambio, recorta agresivamente programas sociales clave como Medicaid, SNAP y subsidios a energías limpias.
Déficit federal
La Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que el plan dispararía el déficit federal en más de 3 billones de dólares para 2034.
A pesar de ello, Trump celebró la aprobación como una “gran victoria para el pueblo trabajador de América”, y se prepara para convertir el proyecto en ley el 4 de julio, Día de la Independencia, con fines claramente simbólicos y políticos.
La medida ahora regresa a la Cámara de Representantes, donde enfrenta una batalla cuesta arriba. El bloque demócrata lo rechaza de forma unánime, y varios republicanos moderados también han manifestado su preocupación por los recortes sociales y el aumento del déficit.
Elon Musk arremete
La oposición no se limita al Congreso. Elon Musk, ex asesor de Trump y CEO de Tesla, arremetió públicamente contra la propuesta por desmantelar incentivos a las energías renovables. Incluso amenazó con fundar un nuevo “Partido América” si se concreta la aprobación. Trump respondió con furia: insinuó que podría revocar la ciudadanía estadounidense de Musk y propuso revivir la “comisión DOGE” para investigar los subsidios a sus empresas.
“DOGE podría volver a devorar a Elon”, ironizó el presidente, elevando aún más la temperatura política.
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Con la fecha límite del 4 de julio en el horizonte, el destino del megaproyecto económico sigue en juego, en medio de fracturas republicanas, descontento empresarial y advertencias sobre el futuro fiscal del país.