Estados Unidos acusa al Cártel de Sinaloa de financiar terrorismo
Pamela Bondi acusó al grupo criminal de financiar “terrorismo” con las ganancias del narcotráfico. Foto: Especial
El Departamento de Justicia acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de narcotráfico y lavado; fiscales lo señalan de financiar terrorismo en Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos lanzó una ofensiva judicial contra el Cártel de Sinaloa, acusando a 26 de sus integrantes de alto perfil por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Las autoridades señalaron que la organización criminal no solo introduce toneladas de metanfetaminas, fentanilo y cocaína al país, sino que también financia lo que denominaron como “terrorismo” contra la sociedad estadounidense.
Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, fue tajante:
“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para sembrar veneno en nuestras comunidades y financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense”.
Bondi subrayó que las acusaciones representan un duro golpe a la infraestructura de lo que calificó como una organización terrorista, alineándose con la estrategia del presidente Donald Trump de desmantelar a los cárteles de la droga.
Por su parte, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal del Distrito Sur de Illinois, añadió que el Cártel de Sinaloa es:
“una organización criminal despiadada que intimida, tortura y asesina para mantener su poder”.
La acusación, recalcó, apunta a figuras clave de la organización, lo que evidencia la determinación de Washington de usar todas las herramientas legales disponibles para acabar con sus operaciones.
De los 26 señalados, 15 ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses, en espera de juicio. La lista incluye tanto a ciudadanos mexicanos como a residentes en distintas ciudades de California, Arizona, Illinois y Oklahoma.
Entre los nombres figuran Próspero Coronel-Sánchez, alias “Pro” (40 años, mexicano), José Luis Angulo-Soto, alias “El Mi Niño” (mexicano), Germán Ángel Alatorre-Monge (24, South Gate, California), Leobardo Alcaraz-Ibarra (51, Phoenix, Arizona) y Miguel Ángel Arámburo Jr. (34, Paramount, California), entre otros.
También fueron señaladas mujeres, como Karen L. Gandarillas-Carreno (36, Sun Valley, California) y Lucia Viridiana Montano (40, Río Rico, Arizona), lo que confirma la diversificación de la red criminal en distintos niveles de operación.
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Las autoridades estadounidenses insisten en que este proceso judicial no solo busca encarcelar a individuos, sino enviar un mensaje directo a los grupos criminales: no habrá refugio para quienes envenenan a las comunidades y ponen en riesgo la seguridad nacional.