El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresará este jueves 26 de marzo ante un tribunal federal de Nueva York, en un proceso que ha capturado la atención internacional y que podría definir quién paga su defensa en un caso por narcoterrorismo y otros delitos.
La audiencia estaba programada originalmente para mediados de mes, pero fue reprogramada por “problemas de logística y agenda”, según documentos judiciales.
Claves del proceso judicial en Estados Unidos
Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, tras ser capturados en Caracas en enero por una operación militar estadounidense.
En su primera comparecencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el 5 de enero, ambos se declararon no culpables de cargos que incluyen conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y narcoterrorismo, entre otros cargos relacionados con armas y tráfico de drogas.
La defensa liderada por el abogado Barry Pollack ha argumentado que las restricciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden al gobierno venezolano pagar los honorarios jurídicos de Maduro y Flores, lo que según ellos violaría derechos constitucionales fundamentales.
En su moción, la defensa señaló que la OFAC emitió y luego revocó una licencia que permitía usar fondos venezolanos para pagar a los abogados, lo que, según el equipo legal, obstruye el derecho a una defensa adecuada.
Los fiscales federales respondieron que aunque existan disputas procesales, desestimar los cargos sería una medida demasiado extrema.
El caso ya ha entrado en una fase crítica, con el Ministerio Público defendiendo la vigencia de las acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas.
El proceso en curso se remonta a una acusación formal presentada en 2020, que acusa a Maduro y a varios altos funcionarios venezolanos de liderar una vasta conspiración de narcotráficocon redes internacionales de narcoterroristas.
La fiscalía estadounidense sostiene que Maduro y su círculo utilizaron su posición de poder para facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, operando bajo estructuras criminales complejas que abarcan varios países.
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EL DATO
La comparecencia del 26 de marzo llega en un momento de alta sensibilidad política: mientras Estados Unidos refuerza su postura contra cargos de narcotráfico de alto perfil, defensores de Maduro aseguran que su captura y traslado plantean dudas sobre soberanía y procedimiento.