Estamos inmersos en una discusión sobre el financiamiento a los partidos políticos. Tema de suyo interesante, en el que no debemos olvidar que la idea de que las fuerzas electorales cuenten con recursos públicos parte de la decisión de que tengan un piso mínimo parejo originado en una fuente cierta y verificable; pero más allá de la idea de revisar la base sobre la que se calculan los recursos que se les entregan, me parece posible pensar en mecanismos alternos que, con base en los dineros, impulsen temas que sean del interés nacional.
Dentro de tal línea de pensamiento, me parece posible vincular el financiamiento público al avance de la representación política de la mujer. Explico esta idea:
Empíricamente, se ha afirmado que los recursos asignados a las mujeres candidatas no son los mismos que a los hombres postulados. Sobre este punto, seguramente en los próximos meses tendremos interesantes análisis que se hagan sobre los reportes finales de gasto de los partidos políticos. Ahora bien, es cierto que las campañas no son una cuestión exclusiva de dinero, pero tampoco sería honesto negar que los recursos económicos pueden resultar importantes.
En tal sentido, ¿qué tal si relacionamos el financiamiento público con el triunfo de mujeres candidatas? De hecho, ya parte de dichos recursos están atados a acciones en beneficio del desarrollo de liderazgos femeninos, esto en un tres por ciento del financiamiento público ordinario, que es el que se otorga a los partidos cada año para gastos no vinculados a comicios.
El modelo funcionaría de la siguiente manera, en trazos gruesos: el partido político que consiga un menor número de mujeres en puestos de elección popular, tendría una penalización en su financiamiento público. Esto operaría contando todos los cargos que se sujeten al mismo proceso electoral (ayuntamientos, legislatura, gubernatura) de manera que se considere el total que se obtenga, sumando desde luego mayoría relativa y representación proporcional. Es importante considerar estos últimos cargos, pues de tal manera se vincularía también a las fuerzas políticas que no obtengan escaños o cargos de mayoría.
Con esta propuesta, todos los partidos que tengan expectativas de representación, contarían con un incentivo para postular mujeres y apoyarlas con recursos económicos, materiales y personales, en el caso de los puestos de mayoría relativa; a la vez, también funcionaría dicho incentivo para que registraran mujeres en los primeros lugares de las listas de representación proporcional, tanto para la Legislatura del Estado como para ayuntamientos.
Esta propuesta incidiría en modificar la Ley General de Partidos, y en la Ley Electoral del Estado, normas que contemplan las reglas del financiamiento de las fuerzas políticas. En todo caso, es una idea que sumo al debate sobre el financiamiento electoral.
Fortalecer la participación de las mujeres en la política es enriquecer nuestra democracia.
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Por: Luis Octavio Vado Grajales
