De acuerdo con su significado etimológico el prefijo griego Anti- significa opuesto o que lucha o previene contra algo. Hoy México cuenta con dos leyes ANTI-, la Ley Anti-lavado y la Ley Anti-corrupción, leyes que de acuerdo con el significado etimológico no previenen o representan la forma en que se ha decidió luchar contra estas dos amenazas que se han arraizado en la cultura financiera y en el sistema de poder de la Patria.
La ley Anti-lavado fue una iniciativa del ex presidente Felipe Calderón y entró en vigor al inicio del presente régimen. A tres años de de haber entrado en operación reporta resultados que dejan mucho que desear, a grado tal que hasta la fecha no se ha desarticulado a ningún cartel bajo argumentaciones financieras.
Las expectativas de la Ley Anti-lavado era que se incorporase al sistema del combate o de la guerra contra la delincuencia organizada, por que lo que su aplicación implica, desde una visión sistémica, a la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria, el Poder Legislativo, a la SEDENA, la SEMAR, a las cámaras empresariales y por supuesto, al sector dueño del ejercicio de la especulación, el financiero.
De acuerdo con los reportes de la UIF se han registrado 95 denuncias ante la Procuraduría General de la República, las cuales fueron efectuadas desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2015 por un monto de 53 mil millones de pesos, en dicho ilícito. De acuerdo con la ONU el lavado de dinero representa del 2 al 5% del PIB mundial. En México, de enero a julio de 2016, las remesas sumaron 15,390 millones de dólares, esta cifra anualizada representará alrededor de 27 mil millones para el presente año. Para darnos una idea esta cifra representa una 7 u 8 veces las anuales en México del corporativo UNILEVER. De manera que lo denunciado no representa ni el 1% de las actividades de lavado que se efectúan en el país, a tres años de haber iniciado su operación no se ven resultados que reflejen ni por asomo, la expectativa para la cual la ley fue creada.
Es pertinente resaltar que el lavado de dinero de capitales es dinero proveniente de una actividad ilícita y no únicamente del narcotráfico, sino también del narcomenudeo, venta de armas, también puede ser prostitución y fraudes.
El pasado mes de julio quedó aprobada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que tiene por objetivo principal establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, así como establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, así mismo, emitir las políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, en la fiscalización y en el control de los recursos públicos; y fijar directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
Como parte de dicha ley, se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que estará conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, que se coordinarán entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad pública.
Ambas leyes en el papel sin duda son inderrocables. El problema que se enfrentan, como ocurre con muchas otras, es ¿CÓMO? hacer que entren en operación y con resultados que efectivamente les lleven a cumplir su promesa proteger a la sociedad combatiendo el desequilibrio económico y fiscal que genera el lavado de dinero y los delitos de sobornos, extorsión o conflictos de intereses que genera la corrupción. Estos delitos están íntimamente relacionados.
Las leyes Anti- debiesen haber previsto los outputs o las salidas de los sistemas que ambas leyes deberían pretender. El actual Presidente de la República contrató con toda pompa y circunstancia a un asesor colombiano que no sabemos sino supo decirlo o de plano nunca dijo, cual fue la clave del éxito con el que se combatió al narcotráfico y al lavado de dinero en su país.
La clave estuvo en que se hizo un plan estratégico, que consideraba un conjunto de líneas de acción y programas, con indicadores y metas específicos en cada caso y en donde se involucró a la toda la sociedad no en comités estériles, sin en acciones concretas, como denunciar y auditar a todo aquel que tenía más de diez propiedades a efectos de que probara el origen de las mismas. El entonces Presidente Uribe convocó a políticos, militares y civiles a ir juntos en las seis estrategias que entonces pronunció:
1) lucha contra el terrorismo y el narcotráfico;
2) fortalecimiento de la justicia y promoción de los derechos humanos;
3) apertura de mercados;
4) desarrollo social integral;
5) atención a la población desplazada,
6) desmovilización, desarme y reintegración.
Las Leyes Antis- sin estar insertadas en una meta estrategia de combate a la delincuencia organizada y a los delitos derivados de la corrupción, no van a servir de nada, como observamos lo que ya sucedió en tres años de la ley anti-lavado, cuya dependencia parece estar perdida y segregada del sistema de Seguridad Nacional. Estamos ante el riesgo de continuar siendo presas de un rezago que ya lastima a la Patria, a lo mejor de manera irreversible, el MORAL.
