Las elecciones de 2016 dejaron nuevamente un saldo positivo para la democracia, al haber sucedido la oportunidad de la alternancia democrática. Los estados que tuvieron esta alternancia son Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, los otros estados conservaron al mismo partido en el poder, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca. Ocurre que de los estados que empiezan a vivir la alternancia democrática en los seis existen conflictos y desafíos en seguridad.
La situación que prevalece en la nación en relación al estado que guarda la seguridad continua enfrentando el mismo reto de hace más de 20 años. El mercado con el mayor consumo de drogas ilegales ha sido, es y seguirá siendo Estados Unidos. La cuestión es que en algunos estados de ese país se ha legalizado el consumo lúdico de la marihuana, sin embargo, sigue siendo una droga ilegal a nivel federal y, a diferencia de lo que sucedía 10 años atrás, cuando se inició la guerra en contra de la delincuencia organizada, ahora la situación ha cambiado, ya que se han venido incrementando el número de estados de la unión americana en donde se permite el consumo de esta droga y su uso para fines medicinales.
Así mismo, derivado de lo anterior, desde hace unos 30 años se dio origen a distintos cárteles que se ocuparon de hacer pasar las drogas ilegales hacia EUA y en tanto su consumo continúe y siga creciendo los intereses económicos que ello ha generado, lejos de disminuir, son ahora mucho mayores. Sin embargo, las condiciones han cambiado a 10 años de haberse iniciado la guerra frontal contra la delincuencia organizada, los cárteles se han partido y con ello, se han multiplicado. En aquellos años había entre cuatro y seis cárteles que se dividían el territorio nacional, algo así como la mafia italiana, sin embargo, hoy son más de 20. La captura o caída de de más de 150 líderes y lugartenientes de diciembre de 2006 a la fecha, propició un fenómeno: la competencia violenta entre los carteles que surgieron a raíz de la desaparición de algunos o de su partición. La cuestión es que estos nuevos grupos son por una parte más chicos, pero son más violentos y con menor inteligencia combativa, con dominios territoriales más localizados, pero estos son compartidos con otros grupos de delincuentes.
Los cambios que se intentaron hacer en el Gobierno federal en la presente administración no le dieron al clavo de cómo dar continuidad a la guerra en contra de la delincuencia organizada, la cual sigue. El actual titular del Poder Ejecutivo, siendo candidato, declaró que habría un “cambio de estrategia”, nunca dijo que la guerra se daba por terminada, por fortuna, habría sido muy grave de haberlo hecho, ya que se hubiese reconocido que nuestras Fuerzas Armadas habían perdido.
El “cambio de estrategia” se ha traducido, por una parte, en entrar en una fase de toleranciatal como lo hicieron los antecesores del partido al que pertenece el presidente Peña, en las últimas tres décadas del siglo 20. Decisión que propició que en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, la delincuencia organizadase adueñara ya no solamente de caminos o carreteras, sino que continuaron con actos de terrorismo como los 43 desaparecidos, los asesinatos continuos de miembros de la sociedad civil en Veracruz, la toma de San Fernando y Ciudad Mante y el descontrol que existe en Guerrero, que se suma al incendio de salón de apuestas en Monterrey y la granada de Morelia de años atrás. Por otra parte, “el cambio de estrategia” se tradujo en la ocurrencia formar la gendarmería y del mando único, lejos de haber resuelto o de significar un “cambio de estrategia”, lo que sí han logrado es que se hayan dado eventos como el de hace unos días sucedido en Culiacán (Sinaloa), cuando las Fuerzas Armadas fueron emboscados por agentes de la policía infiltrados.
De manera que estos nuevos gobernadores se enfrentan de ya a un desafío mayor en cuanto a la dimensión, equipamiento y logística de la delincuencia organizada al que existía en 2012. A diferencia del escenario que un gobernador enfrentaba, en el que se tenían las opciones de negociar o de no negociar con los cárteles, hoy eso ha dejado de ser una opción.
Los desafíos se sintetizan en tres términos en la realidad del siglo 21: tener que gobernar, ello significa cumplir y hacer cumplir la Constitución que protesta y hacer el estado más débil, el estado de derecho, tener gobernanza, que significa el proceso de toma de decisiones y el proceso por el cual se implementan las decisiones y tener gobernabilidad, que se refiere a los esfuerzos que se debe hacer para mantener la cualidad mas delicada para todo líder político que es contar con las condiciones para operar acciones de gobierno, en el contexto de una sociedad mexicana mas interconectada que nunca.
Finalmente, se precisa de más y mejor inteligenciatanto de las agencias policiales, como de los encargados de la fiscalías respectivas,a efecto de prevenir la vulnerabilidad social y de las instalaciones estratégicas; pero el nuevo desafío, el que los pondrá a prueba,es la aplicación de las leyes Anti Lavado de Dinero y de Anti Corrupción y emplearles para deberás “cambiar la estrategia” y contener el que estos males continúen compenetrándose en la vida institucional y social de los Estados que la democracia les ha encomendado.
