Parte de un cambio estructural, relativamente novedoso, de índole naturalista que aboga por la protección de las garantías individuales, bajo una lógica que se basa en el principio ‘pro homine’, es decir, busca el mayor beneficio para el individuo; elementos de lo que universalmente se conoce como derechos humanos.
A partir de junio de 2011, el constitucionalismo mexicano fue de suma observancia y estudio, tras la sentencia del caso Radilla Pacheco, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Resultado de una demanda contra el estado mexicano por violaciones a derechos humanos. Dicha sentencia obligó no solo a la reparación del daño, fue motivo de reflexión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para replantear el cambio de fondo que exigía el sistema jurídico mexicano.
Lo anterior se manifiesta como una modificación de trascendencia debido a que nuestro artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezó a reconocer a partir de 2011, los derechos humanos y los tratados internacionales de los que México sea parte. Con esto la ley se vuelve interpretativa, argumentativa, sujeta al análisis valorativo en base a una ponderación de derechos. Buscando lo que sea prioritario para tutelar la integridad de la persona; recordando a Eduardo J. Couture, quien expresa en su decálogo del abogado: “el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. Volver a pensar y a entender el derecho, con una óptica de racionalización humanística, que generó un esquema totalmente diferente a lo que el general Porfirio Díaz refería en su lema “orden y progreso”. Bandera distintiva de los gobiernos del siglo XX, cuyo positivismo era inevitable, distinguiéndose por la obligatoriedad de la norma, con una esencia impositiva y con poco margen de flexibilidad.
El Poder Judicial reviste una especial relevancia en esta última década. Transitamos de una etapa de presidencialismo a una etapa que se define por la búsqueda de la parcialidad del juzgador, a través de la ética y el conocimiento jurídico. El principio ‘pro homine’ debe considerarse como una ventaja para salvaguardar los principios básicos de todos los que formamos comunidad.
