Desde su nacimiento en 2018 los Servidores de la Nación se han visto involucrado en ineficiencias
Hugo Lora
La palabra “servidores” la podemos entender de dos maneras: como las personas que ayudan a otras o las personas que se aprovechan de algo o de alguien para beneficio propio y, en el caso de los empleados de la mal llamada Secretaría del Bienestar, solo podríamos encasillarlos en la segunda.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 3 mil millones de pesos en irregularidades en la contratación de personal en el ejercicio del 2019 por parte de la estructura operativa, la cual se encarga de todo el proceso de reparto de todas las ayudas sociales entregadas por parte de Gobierno Federal y que ahora se han visto involucrados en el registro y distribución de la vacuna contra el COVID-19.
Desde su nacimiento en 2018 los Servidores de la Nación se han visto involucrado en ineficiencias que, al final del día, son pagadas con el dinero de nuestros impuestos. El desarrollo del Padrón Único de Bienestar, que al día de hoy no existe, es una de ellas. Este es un instrumento que explícitamente mandata la ley para dar certeza al destino de los recursos y en dos años y con más de 19 mil personas no se ha logrado. Tal vez no se quiere dar esta certeza de manera intencional y alguien se está beneficiando a manos llenas de esto.
Además de esto, y como se advirtió en una de mis columnas pasadas, el Gobierno Federal está usando esta estructura y la distribución de la vacuna como estrategia electoral. Esto ha llegado a tal grado que para regístrate en la lista de administración del medicamento los Servidores de la Nación pedían a los adultos mayores que les entregaran su INE.
El uso de los programas sociales como instrumento electoral y como pantallas de actos de corrupción han sido prácticas que esta administración ha condenado de los gobiernos pasados de manera muy vocal. Parece ser que poco a poco Gobierno Federal se está ahogando en el mar de sus propias palabras, en este y en muchos otros temas.
