Entre el asunto de la fuga en el Acueducto II, en la línea que conduce el agua potable desde Maconí hasta la zona metropolitana de Querétaro, pasó un tanto desapercibido el levantamiento de la declaratoria de emergencia por la sequía establecida en mayo de este año.

El asunto no es menor, pues, afortunadamente, las lluvias han llegado para minar los efectos del estiaje que afectaron actividades primarias como la agricultura, la ganadería y, por supuesto, el suministro de agua potable en muchos lugares. Lo que queda ahora, es tomar las lecciones que dejó esta sequía, pues, así como con el tema de la pandemia de COVID-19, autoridades, organizaciones, instituciones educativas y ciudadanos debemos tomar nota de los retos que tenemos frente a estos cambios climatológicos que cada vez se verán con mayor intensidad.

Será necesario repensar las instituciones que se enfocan en el cuidado de los recursos naturales y fijar una política pública que permita combatir los estragos de la sequía. Sería pertinente que, con miras a la construcción del presupuesto estatal para 2025, autoridades se planteen la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a desastres naturales, para así tener mayores recursos para aliviar esta situación que, por lo visto, se intensificará. Estaremos al tanto de cómo la Administración estatal lo planteará en su momento.