Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
Al escuchar este título, ¿sabemos con claridad a que se refiere? Hemos tocado en colaboraciones pasadas, la importancia de juzgar con eficacia y con los más altos estándares en pro de la dignidad humana para garantizar un verdadero Estado de derecho.
En ese sentido, estimada o estimado lector, cuando somos parte interesada en un juicio penal, por ejemplo, buscamos una sentencia que debe garantizar en gran medida, la reivindicación del derecho vulnerado por el ilícito, ¿cierto? Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las víctimas del delito al obtener una resolución condenatoria, constituye, por sí misma, representa una forma de reparación vinculada con el derecho a la verdad, pues implica un reconocimiento de que una persona ha sufrido una vulneración y evidencía el fracaso del Estado en su deber de prevenir el delito.
Como podrán apreciar, muchas personas a lo largo del país, no han podido obtener este derecho a la verdad ante la constante impunidad, corrupción o falta de interés de las instancias de procuración de justicia; lo cual resulta un retroceso que ha sido ampliamente discutido en el sistema interamerciano del que somos parte, particularmente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
En suma, el reto consiste en contar con mejores servidores públicos y juzgadores, para que su preparación, impacte directamente en el tratamiento de los justiciables.
