El pasado sábado, se reportó que jueces presentaron una suspensión para evitar que en el Poder Legislativo comenzara la discusión sobre la denominada reforma judicial. La medida causó polémica entre propios y extraños.

Por un lado, la argumentación de la suspensión planteaba que atentaba contra el derecho de audiencia de jueces y sería violatoria de un proceso legislativo. Por el otro, había quienes argumentaban que los amparos no son procedentes cuando se trata de reformas o adiciones a la Constitución.

Por ello, se entra en una confrontación jurídica que entrampa toda discusión pública. Lo que es un hecho, es que, pese a estas medidas judiciales, todo parece indicar que la reforma avanzará en su proceso legislativo, pues también fue un mandato dado en las urnas a la denominada Cuarta Transformación.

No obstante, y como se ha planteado en estos espacios, será pertinente atender a los sectores que pudieran sentirse agraviados por esta reforma, sin pasar claro por la garantía de justicia pronta y expedita para todos los ciudadanos. Ese tema es imprescindible de la discusión legislativa.