El Poder Judicial federal, como intérprete y aplicador de la norma, es quien defiende derechos humanos a través del juicio de amparo, y tiene el deber de realizar el control judicial para la vigencia de ellos, por lo que, ante una reforma que pretenda cambiar la estructura del Estado en general y la del Poder Judicial, en especial, en su independencia y autonomía (que impactan en la vida de la sociedad), debe garantizar su respeto.