Al Instituto Nacional Electoral, encargado de armar, normar, conducir, fiscalizar y realizar la elección de 881 impartidores de justicia en esta primera etapa, afronta múltiples problemas. Pese a la tibia declaración y peor resolución del tribunal electoral de continuar la preparación de los comicios, el INE carece de certeza sobre el apego a derecho de su actuación que, al final, dañará su credibilidad. Presupuestalmente, el costo de una elección de esa magnitud y dificultad parece un regateo: primero, se habló de tres mil millones, luego de siete mil, más tarde de trece mil y, ahora, de ocho mil ochocientos millones de pesos. ¿Qué seriedad es esa y cuál la calidad de un proceso cuyo costo puede fluctuar de ese modo?