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Sin oposición ni contrapesos y un incontestable cúmulo de poder, el Gobierno y Morena están ante un enorme desafío que ignoran o fingen ignorar y que puede potenciarlos o debilitarlos.

29 de noviembre 2024

René Delgado/Sobreaviso

Sin oposición ni contrapesos y un incontestable cúmulo de poder, el Gobierno y Morena están ante un enorme desafío que ignoran o fingen ignorar y que puede potenciarlos o
debilitarlos. Es un reto con cuatro vertientes: autocontenerse; reconocer factores de poder ajenos a su control, capaces de consolidarlos o sacudirlos; asumir
que el encubrimiento o incorporación de cuadros políticos cuestionables les genera dividendos inmediatos, pero costos elevados a mediano plazo; y reaccionar con inteligencia, tino y rapidez.

Gobierno y partido pueden jactarse de contar con el amparo del voto popular al cual se deben y, por tanto, asumir una actitud negacionista e, incluso, despreciar a la crítica o a quienes discrepan total o parcialmente de su discurso y práctica política. Verse tentados por la soberbia y actuar desbocadamente, a partir de la ilusión de constituir
una hegemonía imparable, imbatible y perdurable.

Por lo visto otras veces, cabe que ambas instancias adopten tal actitud. Sin embargo, la circunstancia ha cambiado y reclama actuar con un mínimo de unidad y un máximo de apertura. No solo están en juego los postulados y proyectos del oficialismo, sino también la perspectiva y el horizonte nacional. Gobierno y partido no harían mal gobierno en reubicarse.

Pese al índice de aprobación de la presidenta de la República, algunas de las reformas lanzadas e iniciadas por el anterior Gobierno, continuadas por el actual y legisladas
por la avasallante y torpe mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso, no
cuentan con el respaldo presumido.

No se trata de una especulación o conjetura. Ahí están los datos reportados por la encuesta de El Universal y la de El Financiero
del lunes y miércoles pasados. Son elocuentes. La presidenta es bien vista; goza de 74 por ciento de aprobación, pero no así la eliminación, integración o fusión de los organismos constitucionales autónomos. Ahí, la opinión se divide: 44 por ciento se inclina por tener organismos autónomos que vigilen al Gobierno y 42 por ciento por eliminarlos. Tal contraste revela la conveniencia de revisar por necesidad u honestidad política la pertinencia de la ruta tomada y las prioridades, sobre todo
considerando las presiones bajo las cuales se halla la Administración, así como el cambio
de las condiciones y el entorno. La realidad o adversidad hacen del momento un paseo por la montaña rusa, sin traer puesto el cinturón de seguridad.

A diferencia del Gobierno anterior, el actual carece de recursos para atender pendientes, apoyos sociales, obra, servicios, compromisos, proyectos y, además, el déficit. Se desecaron fondos y fideicomisos, se desmontaron estructuras sin asegurar nuevas y, ahora, el presupuesto proyectado exige enorme esmero y disciplina en el ejercicio
del gasto.

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