Sin pensión alimentaria, el 75% de menores

En México, se estima que 75 por ciento de los hijos de madres y padres separados no recibe pago de pensión alimentaria, y un 90 por ciento de los deudores son hombres y un 10 por ciento son mujeres.

Así lo informó Mariela Morán Ocampo, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Congreso local. Este lunes, junto con los grupos legislativos del PAN y Querétaro Independiente, anunció el inicio de mesas de trabajo para encontrar la manera de que las personas deudoras cumplan con el derechos de sus hijas e hijos.

“Cerca del 75 por ciento de los hijos de padres y madres separados no reciben pensión alimentaria; y en Querétaro, en el 2021, se registraron alrededor de 3 mil 84 divorcios; por lo que de acuerdo con estas cifras, alrededor de mil 75 niñas y niños no están siendo acreedores de este derecho”.

La diputada expresó que no se busca una castigo o criminalizar a los deudores o que se trate de un asunto de género, sino que quieren encontrar soluciones para que los padres y madres cumplan con el derecho de los menores a recibir una pensión que les dé acceso a una vida digna.

Las mesas de trabajo se realizarán con la sociedad civil, instituciones y organismos autónomos, así como con la participación de los distintos poderes y órdenes de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ratificando las normas y los principios de los derechos humanos.

“Necesitamos analizar para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como otros ordenamientos locales, buscando siempre que sea de una forma constitucional; por eso daríamos este paso a varias disposiciones”, explicó.

Agregó que las niñas, niños y adolescentes en Querétaro no son sujetos de tutela, sino que son titulares de derechos plenos “llamados a tener vidas libres, felices, por lo que el análisis, la reflexión y todo trabajo que se tenga que hacer de forma profesional, en cuanto a las propuestas, e incluso, cualquier iniciativa, será velando por sus derechos para una paternidad y maternidad responsable”, dijo.

Aclaró que esta situación no es una pelea de géneros, “es un proyecto de estado que busca la forma en que los deudores alimentarios dejen de serlo. No es criminalizarlos, al contrario es buscar las condiciones para que ellos cumplan con sus obligaciones, de buscar alternativas”.